Estamos en un momento delicado en la Región de Magallanes. El Tribunal Ambiental de Valdivia decidió -en fallo divido- no autorizar las tronaduras que Mina Invierno había solicitado para la explotación de carbón en isla Riesco, Región de Magallanes. Y esto pone en riesgo las inversiones privadas en la zona más austral del país. ¿Por qué?
Porque la resolución del tribunal constituye un precedente de especial gravedad porque en la práctica implicaría que los permisos ambientales otorgados por las instancias especializadas no ofrecen ningún tipo de certeza, toda vez que fácilmente pueden ser revertidos en la instancia judicial. Entonces, piense usted. ¿Qué empresa privada va a querer arriesgar en Magallanes? Proyectar inversiones a más largo plazo se estaría haciendo cada vez más difícil especialmente en nuestra zona, complotando contra el objetivo de atraer más capitales y generar empleo. Hay una crisis. La dieron a conocer en la semana los gremios del sector productivo y obviamente el Gobierno no lo reconoce de esa forma. En los últimos años los procesos de evaluación de impacto ambiental se han hecho cada vez más complejos. Los estándares más exigentes que se han ido introduciendo para asegurar la protección del medio ambiente, así como la necesidad de incorporar la participación de las comunidades en los procesos de evaluación, han devenido en tiempos de tramitación más extensos, lo que a la fecha mantiene postergados proyectos por miles de millones de dólares.