La
pregunta es: ¿para los gobiernos existe interés por las zonas aisladas?
Muchos dicen que no, porque el peso electoral es bajísimo (Magallanes
representa menos del 1% del total de la votación a nivel país),
resultante de la baja población y de la emigración de su capital humano a
las grandes ciudades. Y esto no es un lamento que se venga dando desde
hace un par de décadas, es una constante que se repite en el tiempo y siempre
hay compromisos que se adquieren para revertir esta realidad. Así se
explican las limitadas franquicias e incentivos contenidos en las
legislaciones especiales para las inversiones privadas no solo
en nuestra zona, sino también en Aysén, Palena, Arica y Parinacota.
Esta falencia se intenta suplir a veces con gasto público episódico y
subsidios encubiertos, decididos muchas veces centralizadamente y que no
sirven para atraer inversiones de particulares y para el desarrollo
autónomo y sustentable de esas regiones y equilibrado del país. Los
últimos mandatos han acogido las justificadas presiones regionales,
manifestando una mayor conciencia y señalando públicamente la
postergación de las zonas extremas. Esto ha derivado en mayores
programas de inversión pública, el fortalecimiento del Plan Frontera
Norte, un nuevo impulso a la Carretera Longitudinal Austral y a otras
obras del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) para establecer conexión en
Tierra del Fuego. Los frutos de estas iniciativas comienzan a
percibirse, pero subsisten los incordios de la falta de incentivos, de
infraestructura, la burocracia y los centralismos, que dificultan la
llegada de inversión privada significativa y un ejercicio efectivo de la
soberanía en las zonas extremas. A los privados no se les compensa ni
motiva para aumentar la inversión en la zona y deberemos cobrar las
palabras comprometidas.