El precandidato
presidencial Daniel Jadue ha insistido en la necesidad de instituir una
ley de medios que, tal como dijo en un debate televisado, ‘asegure
pluralidad y objetividad en la información’. Desde el gremio, en
general, la propuesta ha recibido arduas críticas. La Asociación
Nacional de Televisión (Anatel), sin ir más allá, señaló a través de un
comunicado público que ‘la experiencia demuestra que quienes temen al
escrutinio público buscan formas para coartar la libertad de expresión,
intervenir la línea editorial y de programación de los medios y afectar
el pluralismo’. La Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), en tanto, manifestó que ‘El régimen concecional
del espectro radioeléctrico vigente en Chile fue instaurado y
perfeccionado sucesivamente en democracia y responde plenamente a los
estándares de legalidad y transparencia de un Estado de Derecho’.
Las
razones recién esgrimidas para oponerse a una ley de medios –matizadas y
profundizadas por varios columnistas- ofrecen una plataforma sólida
para contrariar a quienes pretendan erigirse jueces de la libertad de
expresión. Existen, sin embargo, razones aún más de fondo para desafiar
una institucionalidad como la que el edil de Recoleta busca instaurar.
La
primera tiene que ver con la censura y la autocensura. Un medio de
comunicación que se vea amenazado por las sanciones económicas o
sociales que puedan derivar de una eventual ‘falta de objetividad o
pluralidad’, tarde o temprano se enfrentará a un dilema que lo hará
escoger entre callar para sobrevivir o comunicar y exponerse a morir.
Muchos, ante una encrucijada como aquella, y a partir, por cierto, de
razones fundadas, optarían por silenciar sus juicios con tal de
minimizar el impacto que un incumplimiento de la ley pudiese hacer caer
sobre ellos.
La
segunda razón está directamente relacionada con la anterior. Y es que
no sería posible afirmar que gozamos de libertad si fuese al Estado a
quien hay que pedirle autorización para emitir tal o cual juicio. La
palabra, que muchas veces no es más que la exteriorización de la
interioridad misma, se vería sometida al criterio de la autoridad de
turno, lo cual terminaría por convertirse en un mecanismo de represión
en contra de la conciencia. Un dominio así de íntimo, cabe destacar,
tarde o temprano decantaría en frustración. Dicha molestia, de más está
decirlo, se podría transformar en una verdadera olla a presión.
Un
último argumento para contrariar la institución de una eventual ley de
medios tiene que ver con la importancia que una vasta libertad de
expresión en las sociedades conlleva para el mejor entendimiento de las
ideas. John Stuart Mill explicó muy bien este aspecto. Según el
filósofo, una opinión equivocada contribuye a un mejor entendimiento de
la certeza, ocasionado por la colisión de esta última con el error. Un
juicio errado, desde este punto de vista, permitiría incluso pulir el
entendimiento que los seres humanos tenemos acerca de las más diversos
asuntos.
Al
concluir, es menester recordar que la libertad de expresión es una
conquista excesivamente reciente. Apenas en los años 90 –sí, hace menos
de tres décadas- el Estado chileno tenía la potestad de intervenir
contenido literario, musical e incluso cinematográfico si consideraba
que constituía un perjuicio para la sociedad. Hoy, afortunadamente, ese
tipo de decisiones queda en manos de cada uno. Se trata, en resumidas
cuentas, de una conquista que no vale la pena poner en riesgo.