Con
el pretexto de combatir la delincuencia y reducir el nivel de delitos
violentos, el Gobierno ha impulsado la errada idea de que se deben sacar de las manos de los civiles las armas de fuego, nada más errado, lo único claro es que el Gobierno al parecer no tiene idea de quiénes son los que cometen delitos violentos y menos de dónde
viene el armamento que utilizan los delincuentes, que claramente
corresponde a un tipo de armas de fuego que no son las de los
propietarios inscritos, no son las de las personas que adquieren armas
de fuego para defensa, deporte, caza o colección. Las armas que utiliza la delincuencia corresponden
a armamento de fogueo modificado de modo que pueda disparar proyectiles
reales y armas que han sido internadas ilegalmente al país, en especial
las del narcoterrorismo en la zona de La
Araucanía, en que se utiliza armamento que funciona de modo totalmente
automático como fusiles de uso bélico, o las pistolas de funcionamiento
también completamente automático que es común detectar en ajustes de
cuenta entre narcotraficantes o que se disparan de manera indiscriminada
en los llamados funerales narcos; ese tipo de armamento no se adquiere
en las armerías, no se autoriza la compra respectiva por las autoridades fiscalizadoras de la Ley Nº 17.798 sobre “Control de Armas y Explosivos”; ese tipo de armamento no es el que se encuentra en poder de los propietarios legítimos de armas. Consecuencialmente atacar a los legítimos propietarios de las armas
es un completo error, el Gobierno definitivamente le está disparando al
pichón equivocado, ya que de ningún modo va a lograr reducir la
violencia, ya que los propietarios inscritos no están ejerciendo ninguna
clase de violencia, no cometen delitos;
por el contrario, son gente sin antecedentes penales de ninguna
especie, que además han debido pasar un examen de salud físico y mental
por parte de un médico psiquiatra respecto de su aptitud para adquirir y
utilizar armas de fuego, se trata de personas respetuosas de la ley,
que cuidan el armamento, que cumplen con las respectivas disposiciones normativas para su utilización, sea en legítima defensa de su persona, familia o bienes; en deporte; en cacería en la forma que establece tanto la Ley de Control de Armas como la Ley de Caza, o
en sus colecciones particulares; es decir, las armas de los
propietarios legítimos, de los propietarios inscritos no revisten
amenaza alguna para la sociedad, de modo que no tiene sentido que el
Gobierno ataque a quienes cumplen con la ley, ya que eso solo
hará que esas personas queden desarmadas y a merced de quienes no se
van a desarmar, que son los delincuentes, que como siempre sucede al ver
una debilidad de la sociedad aumentarán el número y la violencia de sus delitos. El
Gobierno le está disparando al pichón equivocado, le está disparando a
las personas respetuosas de la ley, en vez de perseguir a la
delincuencia y de quitar las armas a los delincuentes, de fiscalizar
mejor las fronteras para evitar el ingreso ilegal de armas y hacer un
verdadero trabajo de inteligencia policial, para detectar el tráfico
ilegal de ese armamento ingresado al país de manera ilícita, armamento que ciertamente los delincuentes no van a entregar y van a seguir utilizando sin contrapeso. ¿Qué quieren? ¿Acaso engañar a la gente para que parezca que hacen algo? Lo que se debe hacer no es atacar a las personas respetuosas de la Ley, la actual Ley de Control de Armas
ya es una de las más estrictas del mundo, no es comparable como se ha
querido con Estados Unidos, en donde no hay una ley de esta naturaleza, y por cierto que es mentira que los países en que están prohibidas las armas son menos violentos; para muestra un botón, en México las armas están prohibidas, pero es uno de los países más violentos del mundo y uno de los lugares con más alta tasa de homicidios por armas de fuego.
Ataquen a la delincuencia y no a las personas respetuosas de la ley, no le sigan disparando al pichón equivocado.