Permítanme poner como antecedentes algunas cifras del caso “Tributos” -señalado como el fraude fiscal más grande de la
historia de nuestro país- para que sirvan de base a esta columna. El
monto de lo defraudado se estima en 240 mil millones de pesos,
equivalente al dinero que se recauda en seis teletones. El número de
facturas falsas alcanza las cien mil. Para comparar, en el caso Penta el
número total de documentos falsos -que ya era muy alto- alcanzaba a
mil, es decir, esto es cien veces mayor. Finalmente, las facturas
falsas se habrían incorporado en la contabilidad de más de 3.000
contribuyentes de primera categoría, dando cuenta de la magnitud de
personas involucradas en estos hechos.
Al
tratar este caso, es necesario preocuparse de dos temas que son
relevantes y que deben avanzar en paralelo. Por una parte, la
investigación del
Ministerio Público tiene que ser profunda y llegar a todos los
involucrados con los siete clanes identificados. Seguramente, el número
de imputados continuará creciendo y se deben efectuar todos los
esfuerzos por condenar duramente -y con penas de cárcel- a los autores
de los hechos, además de recuperar la mayor parte posible del dinero
defraudado. En ese sentido, hay que considerar que se efectuó la
incautación de 340 automóviles y 47 propiedades que con una sentencia
condenatoria permitirán en algo resarcir los perjuicios fiscales, junto
con efectuar imputaciones por el delito de lavado de activos.
La segunda preocupación escapa al ámbito penal y debe concentrarse
en detectar la manera en que este fraude pudo ocurrir durante tanto
tiempo sin ser descubierto y cuáles son –entonces- las medidas que se
deben tomar para prevenir que esto ocurra de nuevo, al menos, en tan
altas sumas de dinero. Algunas luces hemos tenido a este respecto.
Ser más audaces
En
efecto, se ha conocido a partir de entrevistas a ex funcionarios del
Servicio de Impuestos Internos (SII), que al menos desde el año 2017
hubo alertas que éstos efectuaron y que no fueron debidamente tomadas en
cuenta, respecto a la proliferación de solicitudes de empresas de
fachada o de papel, que eran posibles de observar con el trato que
funcionarios tenían con estos supuestos contribuyentes.
Adicionalmente,
se supo que en abril de 2018 uno de los imputados e investigados por
este fraude concurrió a la Fiscalía a autodenunciarse, pero el
procedimiento fue archivado tras transcurrir 73 días sin que el SII
comunicara su decisión de denunciar los hechos. Recordemos que en
materia tributaria para que se lleve adelante una investigación por este
tipo de delitos es requisito que las situaciones sean denunciadas por
el servicio, lo que no ocurrió. Es evidente que las medidas que se
debieren adoptar en algunos casos dependen del propio servicio, que puede tener mejores mecanismos para prevenir y evitar estos fraudes, reaccionando de una manera más oportuna a las alertas que se levanten desde la propia institución.
Adicionalmente,
existen otras medidas que requieren cambios legislativos, como es -por
ejemplo- que se permita que la Fiscalía pueda investigar estos delitos
sin que sea requisito la denuncia o querella del SII. En el pasado se
demostró que este punto es una traba que afecta gravemente el principio
de igualdad ante la ley, porque el SII ante casos idénticos en algunas
oportunidades presenta querellas penales y en otras –simplemente- se
contenta con cobrar los tributos adeudados. La dinámica demuestra hoy
ser una herramienta que entraba la persecución penal y puede terminar
generando la impunidad de graves conductas de evasión tributaria.
Finalmente,
es necesario dotar al SII de nuevas y mejores herramientas para
combatir la evasión, resultando pertinente discutir nuevamente la figura
del denunciante anónimo que fuere incluida en la reforma tributaria
rechazada el año 2022 y que constituye una eficiente manera de aportar
antecedentes de fraudes al SII, asegurando el anonimato de quien
denuncia e –incluso- premiándolo económicamente cuando su acción
concluye con recuperación de dineros para el Estado.
En
general, el fortalecimiento de canales de denuncias anónimas ha
significado una efectiva herramienta para combatir la corrupción y no se
divisan inconvenientes para que ella también pueda ser utilizada
eficientemente para combatir la evasión. La magnitud del fraude recién
descubierto justifica que seamos más audaces en esta materia. En esto,
la clase política tiene la palabra.