La legítima defensa consiste en el derecho de las personas a repeler un agresión ilegítima de la que se es víctima, situación que hoy por hoy se transforma cada vez en una mayor necesidad de las personas, la necesidad de la gente a protegerse a sí mismos y a sus familiares de agresiones ilegítimas perpetradas por delincuentes, y lamentablemente cada vez con mayor frecuencia, sin que las autoridades y las policías puedan hacer nada al respecto, salvo actuar con posterioridad a los hechos; pero eso significa que las agresiones ilegítimas en contra de las personas ya han sido consumadas, lo que demuestra una absoluta incapacidad del Estado
para prevenir la ocurrencia de hechos punibles que lastimen a las
personas por haberse incurrido durante muchos años en políticas
criminales erróneas y en políticas migratorias permisivas, que han
llevado a que otra gente, proveniente de fuera de las fronteras
nacionales, ha venido a engrosar las filas de delincuentes que ya eran numerosas con el contingente nacional, con la agravante que junto con su llegada se han importado delitos que anteriormente no eran de común ocurrencia en nuestro país:
así vemos como han proliferado ataques perpetrados por los llamados
“motochorros”, que son un perfeccionamiento motorizado del lanzazo, pero también situaciones mucho más graves como son el sicariato, el secuestro extorsivo (la
semana pasada se desbarataron en Puente Alto dos bandas especializadas
en ello), los portonazos, las encerronas, los abordazos, a la vez que ha
aumentado la violencia de algunos delitos antiguos como la “monra” o
robo en lugar habitado, en los que irrumpe en la tranquilidad del hogar
de una familia un grupo de delincuentes que con extrema violencia los
agrede y procede a robar sus pertenencias más valiosas. Las
policías no pueden evitar la ocurrencia de esos hechos porque no pueden
estar en todas partes al mismo tiempo, lo que lleva a que su actuación, salvo en contados casos de flagrancia, siempre es después de consumados los hechos punibles;
es decir, cuando ya no es imposible evitar el robo, cuando ya no es
posible evitar la agresión a las personas, cuando ya no es posible
evitar las lesiones, agresiones sexuales o la muerte de una víctima,
¿Qué hacer entonces? Lo único posible; es decir, defenderse, actuar en legítima defensa porque,
como bien dice Jeff Cooper, los delincuentes no temen a los jueces,
jurados, fiscales ni policías, de modo que a quien deben temer es a la
eventual víctima. Es
la víctima la que debe estar preparada para repeler una agresión
ilegítima y hacerlo con tal firmeza que su defensa pueda ser exitosa,
para eso necesita poder contar con los elementos y herramientas
necesarias para poder defenderse de un modo eficiente y eficaz, para
poder defender de un modo eficiente y eficaz a su familia, para evitar
perder aquello que producto de su esfuerzo ha podido adquirir para dar
una mejor calidad de vida a su familia, para evitar que su familia sea agredida, amarrada, golpeada, lesionada… Es
claro que si el derecho a la vida de la persona y su familia es un
derecho fundamental, también debe serlo el derecho a defenderse de
manera competente y consecuencialmente el derecho a adquirir, mantener y
usar los medios necesarios para una defensa efectiva, por ello es que
resulta absurda y ridícula la posición del Gobierno, que incluso con
argumentos que ya se ha demostrado que
no son ciertos, pretenda desarmar a las personas respetuosas de la ley,
pretenda dejar a las personas a merced de los delincuentes y dejar en
manos de los antisociales el monopolio del uso de las armas civiles, de
modo que puedan aumentar la violencia y el número de delitos en contra
de una población desarmada que no podría en ese evento defenderse de
modo competente. Que no siga el Gobierno agrediendo y negando el derecho a la legítima defensa de las personas respetuosas de la ley, que no siga favoreciendo a la delincuencia. No al desarme de las personas honestas.