El
concepto de legitimidad es comúnmente utilizado en política. Si bien
esta noción no tiene una definición clara, usualmente recurrimos a éste
para explicar que una persona o grupo de personas tienen la autoridad
política para elaborar normas o directrices que deben ser obedecidas por
los demás. Así, por ejemplo, la legitimidad democrática confiere a
quien gana una elección la autoridad política para tomar decisiones que
deben ser seguidas y acatadas por los demás.
Sin
embargo, el ganar una elección no es el único elemento relevante cuando
hablamos de legitimidad política. Existe también una dimensión
práctica, que consiste en un “saber hacer” que obliga a quien es electo a
cumplir razonablemente con las expectativas de quienes lo eligieron. En
otras palabras, que en el desempeño de su cargo una persona (o grupo de
personas) sea capaz de hacer el trabajo para la cual fue designada. En
base a lo anterior, existe una dimensión de la legitimidad que se
resiente cuando una autoridad política se muestra incapaz de solucionar los problemas para los que fue escogida.
Supongamos
que, en una pichanga de barrio, en ausencia de un árbitro, los
jugadores de ambos equipos acuerdan designar a una persona cualquiera
para que cumpla este rol. Lo que los jugadores esperan de ese árbitro es
que solucione los conflictos que puedan surgir entre los equipos de
forma eficaz e imparcial, de modo que el juego fluya sin problemas.
Obviamente, al no ser un árbitro profesional, es probable que la persona
designada cometa errores, los cuales serán razonablemente tolerados en
la medida de que el juego se siga beneficiando de su participación. Sin
embargo, si el árbitro falla consistentemente, es posible que los
jugadores comiencen a dudar de su capacidad para cumplir su cargo,
resintiéndose la legitimidad con la que fue elegido. Algo similar pasa
en política.
Ejemplos
de legitimidad dañada ha habido varios durante los últimos años. El más
reciente es el estrepitoso fracaso de la Convención, la cual fue
elegida por una amplia mayoría, pero fue perdiendo legitimidad en la
medida de que la ciudadanía pudo constatar prácticamente a diario que
dichas personas no estaban preparadas para la tarea que el país les
había encomendado. Este trabajo deficiente se reflejó en una propuesta
de constitución defectuosa, motivo por el cual fue rechazada. Algo
similar le pasó al Presidente Piñera en su segundo gobierno. Piñera fue
electo con una gran mayoría de votos, pero su incapacidad para hacerse
cargo de la crisis política del 2019 casi le costó el cargo, pese a
haber salvado unos pocos muebles al final de su mandato gracias a una
correcta gestión de la pandemia.
Es
esta dimensión del “saber hacer” la que debería preocupar hoy al actual
gobierno. En una situación de crisis como la que vivimos, el gobierno
ha sido incapaz de proveer soluciones en cualquiera de los aspectos que
aquejan hoy a la ciudadanía. Es más, en el año que va de gobierno, la
crisis de seguridad, el fenómeno migratorio y los problemas económicos
no han hecho más que empeorar y el horizonte en ninguno de estos ámbitos
se ve auspicioso.
En
este contexto, lo que la ciudadanía espera del gobierno no es que este
solo navegue la crisis, sino que empiece a dar luces de que sabe cómo
resolverla. Mirando el vaso medio lleno, a la actual administración aún
le quedan 3 años todavía para corregir el rumbo. Sin embargo, todo
parece indicar
que lo que busca el gobierno es salir vivo políticamente de su periodo.
El problema es que todavía es muy temprano para comenzar a pedir la
hora, esperando que se termine rápido el partido.