Sin
lugar a duda, la publicación de la Ley de Delitos Económicos, en agosto
de 2023, despertó la ansiedad del mundo empresarial debido al
establecimiento de un régimen de tratamiento penal especial para
aquellas acciones cometidas en el ámbito de los negocios, expansión de
la responsabilidad penal de la persona jurídica y la designación de
varios individuos responsables de la integridad corporativa de la
empresa, en lugar de una sola persona.
Desde
entonces, las organizaciones a nivel general aceleraron su paso para
actualizar sus políticas y procedimientos internos, y así cumplir con la
nueva legislación. Esto ha sido acompañado por el fortalecimiento de
sus áreas de cumplimiento, mediante la implementación de modelos de
prevención y detección de conductas ilícitas más efectivas, nuevos
sistemas de gobernanza, un mayor énfasis en el rol de los miembros de la
organización y refuerzo de sus programas de capacitación.
En
nuestra experiencia con clientes de diversos sectores, uno de los
principales desafíos que han enfrentado las compañías en este camino ha
sido la creación de un sistema de prevención de delitos efectivo y fácil
de incorporar en la cultura organizacional. ¿La razón? Para lograr el
desarrollo de un método eficaz es necesario aunar esfuerzos entre
distintas áreas de la empresa, que cada uno de los colaboradores
comprenda su rol, las responsabilidades y riesgos que implican sus
acciones en la organización.
Si
bien hemos visto grandes avances desde la publicación de la norma,
existe otro reto importante a considerar: el proceso de implementación
de nuevos modelos de prevención de delitos requerirá una revisión
constante y pruebas de efectividad realizadas por terceros
independientes, quienes cumplirán un rol clave respecto de
actualizaciones de dichos modelos, además de supervisar posibles
situaciones de riesgos penales, evaluar el diseño y efectividad de los
controles, y proponer planes de acción para mantener un método de
prevención de delitos efectivo.
Hoy,
a casi un año desde la publicación de la ley, y cuando nos encontramos
ad portas de la entrada en vigor de las modificaciones a la norma de
responsabilidad penal de las personas jurídicas, será el momento de
poner a prueba los cambios implementados por las empresas, y ver cómo
los Tribunales abordarán los primeros casos bajo la nueva legislación
para perseguir la responsabilidad penal, ya sea que ellos se inicien por
intereses legítimos o por la instrumentalización de la norma.