Si algo se ha venido manifestado muy intensamente en Chile, en especial en el último lustro, ha sido esta suerte de dicotomía entre derechos y deberes, un espacio donde la inmensa mayoría quiere obtener todo pero con el mínimo costo en materia de responsabilidad y compromiso colectivo como sociedad civil.
Precisamente, y desde el estallido del pasado 18 de octubre de 2019, la calle se ha convertido en un campo de batalla donde, a la postre, la fuerza se termina imponiendo a la razón, al diálogo, a los consensos. Lamentablemente pareciera que la violencia se ha transformado en un instrumento legítimo de acción, o una moneda de cambio, cada vez que el poder político no agacha la cabeza y cede a lo que la ciudadanía demanda.
Es casi una lógica del tipo lejano oeste: o lo hacen por las buenas, o lo hacen por las malas. Un ejemplo claro de lo que planteo es el plebiscito de entrada, del próximo 26 de abril, para una nueva constitución.
El tema nunca fue prioridad parte de las prioridades ciudadanas pero la presión de la calle, esa efervescencia guiada por la emocionalidad propia del demandante, terminó por doblegar al Ejecutivo, y a toda la clase política, para instalarse como el gran tema por sobre mejores pensiones, mejor educación, mejor salud, mayor seguridad y aumento del empleo, entre otros.
La bandera de nueva constitución, levantada por la izquierda, fue la demostración máxima de poder en un gallito que está lejos de terminar y donde este sector político pareciera levantarse desde el negacionismo obstruccionista ya que ante cualquier iniciativa política, impulsada desde el oficialismo, éste recibe un rotundo no como respuesta, a saber: no a la sala cuna universal, no a las mejoras del CAE, no a la reforma de Fonasa, entre otros. Estos son sólo algunos de los ejemplos en los cuales la negación sistemática de la izquierda se expresa sin siquiera haberse sentado a conversar y generar acuerdos que vayan en directo beneficio de las personas.
Otro ejemplo concreto, y reciente, fueron las acciones contra la Prueba de Selección Universitaria. Cierto, podríamos cuestionar la eficiencia y justicia del instrumento, pero culpar a la PSU de las desigualdades, y de paso de todos los males, es sólo quedarse en la forma, más no hacerse cargo del fondo del problema en sí mismo. En este contexto podríamos decir que todo este malestar obedece, como bien lo planteó el Rector de la UDP, Carlos Peña, a una tensión de la modernización capitalista del país que detrás de máquinas, consumo y bienestar arrastra una extrema racionalización de la vida, pero además un fuerte impulso cultural que lleva a que las personas elijan cómo quieren vivir y quiénes quieren ser.
En la práctica, que las personas tengan la libertad de elegir y ser quienes quieran ser, inherente a su origen social, el colegio donde cursaron sus estudios, sus orígenes familiares y tantos otros elementos forman parte de la inequidad latente en Chile desde hace años y que actúa como una especie de determinismo social.