Dado
la actualidad del tema traeré a colación una iniciativa presentada como
proyecto de ley en agosto del 2014 y que al no obtener el patrocinio
del ejecutivo, no ha podido avanzar en su tramitación, tal vez los
futuros gobiernos regionales o los actuales parlamentarios puedan lograr
avanzar en esta materia.
Las
normas de excepción para la región de Magallanes constituyen un
conjunto de leyes establecidas a lo largo del tiempo, desde la Toma de
Posesión hasta nuestros días. Esta norma en especial, la llamada Ley
Navarino, ley Nº 18.392, es creada hace cuatro décadas, con el
propósito de introducir incentivos que estimulen la inversión y
favorezcan el poblamiento productivo y, en definitiva impulsen el
crecimiento y el desarrollo de la zona insular más austral del
territorio nacional.
En
el contexto de dichas normativas se dictó en 1985 la llamada Ley
Navarino, ley Nº 18.392, con sus repetidas modificaciones, establece un
régimen preferencial único, aduanero y tributario originalmente por 25
años para las empresas que desarrollen proyectos de inversión en la zona
insular más austral del territorio regional.
Hay
antecedentes que explican hoy, que las inversiones y proyectos
beneficiados por el imperio de esta ley no han contribuido efectivamente
al despegue económico, al crecimiento sostenido de los territorios y a
mejorar la empleabilidad y radicación en la zona cubierta por la norma
preferencial tributaria y aduanera y que sugieren una evaluación para
mejorar los efectos de las normas..
Así
el Informe del Banco Interamericano de Desarrollo del año 2007,
encargado por el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Regional de la
Magallanes, a este respecto es taxativo en señalar que ¨en la región de
Magallanes y Antártica chilena persiste una economía basada en un
modelo exportador primario y concentrado que presenta poca interacción
con otros sectores productivos de la región¨, recientemente una comisión
de experto ha llegado a conclusiones similares.
En
particular, además, la evaluación de desempeño e impacto de estas
normas de excepción y en particular de la llamada Ley Navarino, ¨…ha
creado distorsiones importantes en la economía de la región…¨. Se
señala a este respecto que la norma en comento, ¨…potencia industrias
con baja capacidad de agregar valor, lo que ha inducido un proceso de
relocalización intra-regional de empresas. En ese proceso se ha
destruido valor agregado en las zonas de Punta Arenas y Natales, el que
en parte se ha transferido a las zonas cubiertas por la Ley Navarino.¨
Adicionalmente cabe señalar que se ha mencionado en el Informe citado
que ¨los incentivos han ignorado la inclusión de una serie de objetivos,
mecanismos e incentivos ambientales en sus normativas para asegurar el
desarrollo de la región de una manera sustentable¨.
Es
precisamente en este plano, y desde la perspectiva general del
desarrollo humano sustentable que se observa en el incentivo
establecido en la Ley Navarino, una distorsión y asimetría en materias
ambiental y laboral.
En
efecto hoy las empresas pueden instalarse y así lo han hecho, pero la
norma no impone requisitos, de suyos usuales, para que el acceso a los
beneficios tributarios, que proporciona el Estado de Chile se realice en
plena concordancia con las normas ambientales y laborales vigentes en
el país. Los que por cierto están presentes en otras normas similares.
Situados
en un escenario concreto y procedimental de esta norma, alguna empresa
podría incumplir determinadas normas laborales, realizar prácticas
antisindicales y mantener deudas previsionales con sus trabajadores,
pero continuaría recibiendo del Estado de Chile los beneficios
tributarios y aduaneros que esta ley le da, ya que la norma vigente no
establece la relación necesaria y vinculante entre el acceso a dichos
beneficios y el cumplimiento de la normativa laboral, por ejemplo, dado
el espacio para estas columnas, hasta aquí quedamos y si Dios así lo
quiere continuaremos la próxima semana, tengamos todos una muy buena
última semana de Febrero, y se ha ido el 17% del año… va rápido el 2021.