En
Occidente, el relato progresista ha hegemonizado la agenda pública,
dicho lo anterior es posible distinguir que diversos sectores políticos
suelen confundir innovación libre o competitiva, con el intervencionismo
estatal y excesivas regulaciones que terminan por dañar la capacidad de
innovar.
La
palabra innovación, que proviene del latín innovatio, según la RAE
corresponde a “mudar o alterar algo, introduciendo novedades”. Y fue el
destacado economista, Joseph Schumpeter, en su libro Capitalismo,
Socialismo y Democracia (1942) quien desarrolló en profundidad el
concepto de “destrucción creativa”, al que se le anexa popularmente a lo
que se suele entender por innovación. Es decir, que dicha destrucción
creativa o mutación al interior un proceso, es aquel que revoluciona
internamente la estructura para el desarrollo de un nuevo producto o
mejora de proceso.
Por
ende, vamos a entender la innovación como el libre ejercicio del
desarrollo de las capacidades humanas para la creación, tanto para
suplir necesidades de un individuo, grupo o industria, enfocándose en la
agregación de valor.
Aquí
es donde ingresa el concepto de libertad económica, como un aspecto
fundamental para la innovación, el crecimiento económico y para mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos de una nación, porque permite
entregar incentivos al ingreso de nuevos mercados, al desarrollo de la
competencia y reducción de precios de bienes y servicios, así como
también fomentar I+D+i. Asimismo, el Estado debe proveer de certeza
jurídica para la protección de los derechos de propiedad intelectual.
La
libertad económica es el derecho fundamental de todo ser humano a
controlar su propio trabajo y propiedad. En una sociedad económicamente
libre, los individuos son libres de trabajar, producir, consumir e
invertir de la forma que deseen. Actualmente lo miden dos instituciones
en el mundo, una de ellas, Heritage Foundation, que mide desde el año
1995, acaba de publicar su nueva edición. Si bien Chile continúa en el
podio latinoamericano, los resultados de la caída en 4 posiciones de
nuestro país es parte de una tendencia que viene dándose desde el año
2013 producto de reformas y complejidades al sistema regulatorio. El
informe indica que el mayor riesgo es optar por una constitución que
olvide lo creado anteriormente, además de la presión de alzas de
impuestos, incremento del gasto público y otras leyes que continúan
impactando en dicho indicador.
Por
otro lado, la eficiencia regulatoria sobre libertad laboral sigue
siendo parte de la dimensión más débil del país debido a su excesiva
rigidez. Es por ello, que muy próximamente habrá que flexibilizar
radicalmente el sistema de contratación en el país, con tecnología
integrada, agregando valor y disminuyendo barreras para que irrumpa la
innovación como un bien para quienes la quieran desarrollar, y en una de
esas ¡quién sabe! logramos la tan ansiada filosofía de burocracia cero,
como en Estonia, que, tras la caída de la cortina de hierro, lo
comprendieron muy bien.