A
pesar de haber sido candidato para el Consejo Constitucional por la
Región de Magallanes (actividad que es, en sí misma, eminentemente
política), sigo sin considerarme un político. Imagino que ello se debe a
que, al no haber sido elegido, no he tenido la posibilidad de ejercer
funciones de poder.
El
buen ejercicio del poder es una tarea tremendamente difícil. Se trata
de conducir a los miembros de una comunidad hacia su mayor realización
espiritual y material posible. Para Aristóteles, la política consistía
en buscar el bien de la sociedad (contrastando con la ética, que busca
el bien del individuo), identificando distintas clases de gobiernos
virtuosos (monarquía, aristocracia y democracia) y sus contrapartidas
corruptas (tiranía, oligarquía y demagogia).
Lo
que esperamos de nuestros políticos es que sean virtuosos y tomen
decisiones “correctas” (es decir, decisiones libres de defectos, que se
ajustan a reglas). Sin embargo, como la realidad es compleja y toda
decisión tiene consecuencias positivas (para algunos) y negativas (para
otros), es muy usual que quienes nos gobiernan se inclinen por tomar
decisiones que les resultan “convenientes” (que son aquellas que
permiten sacar un provecho o ventaja).
Es
cierto que esta dicotomía puede ser más aparente que real, pues cuando
las autoridades (presidente, congresistas o alcaldes) piensan en la
conveniencia de las comunidades que gobiernan (el país, la región, la
comuna), terminan haciendo lo correcto. El problema es que, al gobernar,
existe la tentación de no seguir estos nobles y difusos intereses,
siendo más sencillo favorecer a quienes nos apoyan (partidos políticos y
coaliciones de gobierno) o, peor aún, buscar el provecho propio.
Durante
esta semana, una vez más, hemos visto debates en torno a la reforma a
nuestro sistema de pensiones. Tras haber sido uno de los ejes
principales de las tres últimas campañas presidenciales, con un alto
nivel de consenso técnico sobre la necesidad de aumentar cotizaciones en
un 6% desde hace más de 10 años, es evidente que lo “correcto” sería
contar con una reforma hace años. Sin embargo, quienes hoy gobiernan no
estuvieron disponibles a votar una reforma que tenía componentes de
ahorro individual y solidaridad porque querían que todo fuese a un
sistema de reparto (recordemos el proyecto de Yasna Provoste que buscaba
nacionalizar y de paso expropiar los ahorros de los trabajadores).
Hoy,
el Gobierno está en una situación difícil: producto de escándalos de
corrupción y mal uso de recursos públicos, pareciera ser que la única
reforma políticamente viable consiste en que la totalidad del ahorro
adicional vaya a cuentas individuales (con elementos de solidaridad
financiados a través de impuestos generales). Como el costo político de
esto hace que la reforma no les resulte conveniente, dejaremos de hacer
lo correcto y continuaremos con un sistema que no produce ahorros
suficientes para financiar las pensiones.
A
final de año, la decisión nos corresponderá a todos en la votación del
plebiscito de salida. Me pregunto si, en ese entonces, seremos capaces
de hacer lo correcto por el bien del país.