Gabriela
Machicado Hurtado, fue apuñalada por su pareja en Mejillones; Rosa
Fritis Barraza, de 49 años, asesinada por su conviviente, Aldo Nilo en
Coquimbo; Brenda Cartes Guzmán, de 43 años, fue asesinada por Luis Ojeda
en Porvenir, entre otras víctimas que durante este año han sufrido la
violencia.
La
cifra del horror en lo que va del año 2021, oculta en un dígito las
vidas que se esfuman en los gritos que nadie escucha. 38 femicidios
consumados y 137 femicidios frustrados (Sernameg, 2021).
Los
números que han borrado los rostros de las mujeres asesinadas, los
golpes, el dolor, las violaciones, la violencia que diariamente
enfrentan. Sin embargo, las denuncias que realizan descansan en el papel
ante la incapacidad del Estado de brindar protección efectiva a sus
vidas. La justicia tarda y fracasa, encerrada en una legislación antigua
y patriarcal que, entre artículos y burocracia, niega el reconocimiento
del horror y deja libre a homicidas, violadores y maltratadores.
La
indolencia institucionalizada, enquistada en lo más profundo del
Estado, se expresa cotidianamente a través de la burocratización de las
denuncias: el relato a unos y a otros en las comisarías, la mirada
escrutadora en los hospitales y en los juzgados, significa para las
mujeres una doble victimización. La violencia patriarcal tiene diversas
formas y trayectorias, que van desde la violencia sicológica, violencia
en las relaciones familiares, el acoso laboral, los abusos sexuales y la
muerte como destino final ante el cual la sociedad no logra abrir los
ojos.
En nuestra región, todos los días en las páginas de
los diarios develan cuan grave son los índices de violencia de género y
abuso, que ponen en riesgo a mujeres de todas las edades, niñas, niños y
adolescentes. Una de las tareas más urgentes es poder enfrentar este
grave problema desde todas las áreas y factores involucrados: salud
mental, impartición de justicia, hacinamiento, alcoholismo, protección
efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Es
fácil decir que las mujeres pueden decir NO, pueden “cuidarse” y /o
evitar el daño. La realidad es más difícil y compleja. Todas y todos
somos responsables e interiorizamos estas prácticas de violencia en la
vida privada y en la vida pública. Es por, ello que es urgente asumir el
problema y hacernos cargo desde las políticas públicas con una mirada
transformadora y feminista. En espacios de representación históricamente
segregadores, conservadores y patriarcales como el Senado de la
República, donde es prioritario cambiar las formas tradicionales de
hacer política, desde la elaboración de leyes hacia un trabajo
legislativo que promueva el disfrute efectivo del derecho y el deber del
Estado de proteger la vida de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.