Hoy
nuestro país deberá zanjar el destino de la propuesta de Carta
Fundamental del Consejo Constitucional. La decisión de los chilenos -que
podrán optar por el “a favor” y el “en contra”- tendrá presente
diferentes aspectos.
El
factor que debiera ser más relevante, desde luego, son los contenidos
de la propuesta. Esta propuesta se caracteriza por ser deferente con
nuestra tradición constitucional; por resguardar -y fortalecer- el
funcionamiento de las instituciones económicas esenciales para nuestro
bienestar; y por la incorporación de nuevos principios e instituciones,
como el estado social y democrático de derecho y la Defensoría de las
Víctimas. Además, contiene elementos especialmente relevantes para
Magallanes pues se constitucionaliza el Territorio Chileno Antártico
(artículo 143) y se profundiza -de manera responsable y gradual- en el
proceso de descentralización que demandan las regiones.
Los
contenidos de la propuesta, por cierto, deben ser juzgados también en
función de si estos cumplen o no con los fines de las constituciones,
los cuales son limitar el poder del Estado y asegurar los derechos y
libertades de las personas. A diferencia de la fallida Convención
Constitucional -que proponía un desequilibrio de poder en el proceso
legislativo y la eliminación del control preventivo de
constitucionalidad-, el Consejo fue consciente de la relevancia de la
separación de poderes y optó por incorporar pesos y contrapesos
suficientes en aras de evitar arbitrariedades e injusticias.
Otro
factor que las personas seguramente no ignorarán es la situación
económica y política del país. Lamentablemente, nuestro país está en su
peor momento económico de las últimas décadas. La economía está
estancada, aún no se logra contener la inflación -el IPC de noviembre
fue de un 0,7%- y el desempleo está cerca de alcanzar los dos dígitos.
El pesimismo es evidente entre las personas y eso, naturalmente, afecta
sus expectativas. La incertidumbre constitucional, en tanto, también
afecta las decisiones de inversión, por lo que resulta crucial
determinar cuál de las dos opciones puede contribuir de mejor forma a reducir la incertidumbre imperante.
Por
otra parte, no es un misterio que hoy existe una incapacidad del
sistema político para gestionar adecuadamente las soluciones que espera
la ciudadanía. Entre las razones que explican la falta de eficacia del
sistema político se suele señalar sus problemas de diseño, originados
por la reforma al sistema electoral que se aprobó el 2015. La
fragmentación -expresada en la existencia de más de 20 partidos
políticos- impide que el Presidente y el Congreso alcancen acuerdos
robustos y duraderos. El Consejo Constitucional no sólo identificó el
problema, sino que también propuso cambios que apuntan a mejorar la
gobernabilidad: el establecimiento del umbral para que los partidos
puedan acceder a la Cámara de Diputados y el redistritaje.
En
definitiva, es indispensable analizar integralmente -y no solo en base a
temáticas puntuales- la propuesta de nueva Constitución, considerar el
contexto actual del país y ponderar los escenarios que se generarían si
triunfa el “a favor” o el “en contra”. Solo así podremos tomar una
decisión que nos permita cerrar de buena forma la discusión
constitucional y que proyecte a Chile hacia el desarrollo.