Es
natural que, a medida que los países transitan por su camino hacia el
desarrollo, enfrenten desafíos cada vez más complejos. Las sociedades se
vuelven más exigentes, enarbolando más y nuevas demandas, y los
gobiernos deben encontrar la manera de satisfacer dichas demandas de una
manera eficiente y sostenible en el tiempo, con recursos que siempre
son escasos. En este contexto, se requiere de diseños bien pensados para
las políticas públicas, que involucren desde su origen evaluaciones de
impacto ex ante y ex post.
Así,
se vuelve imperativo que los países sean capaces de levantar datos,
para así tomar decisiones en base a evidencia, y no por preferencias
(por muy respetables que éstas sean). Creo que podemos consignar que en
Chile se han dado pasos significativos en esta dirección durante los
últimos años. Hoy día tenemos acceso a datos que nos permiten conocer
cuáles han sido los impactos de las políticas públicas que hemos
implementado.
Sin
embargo, y tal como se ha visto reflejado en las más recientes
discusiones (muy relevantes por lo demás), al parecer, el hecho de
contar con datos –aunque sea a destiempo–, no aseguran necesariamente
una convergencia de las partes que se encuentran en posiciones
diferentes. En este momento estamos en al menos tres discusiones,
relevantes qué duda cabe, en donde el acceso a los datos, no ha sido
suficiente para arribar a un punto de encuentro. El primer ejemplo se
refiere a la reforma tributaria. En general, cuando se discuten temas
relacionados con la carga fiscal, tamaño del Estado, o recaudación
esperada como consecuencia de variar algunos tributos, no se ve un
consenso. En general, se
aprecian divergencias relevantes en términos de qué tan grande es hoy
día el Estado, o de cuantos recursos recaudará una determinada reforma.
Otro
ejemplo se refiere a la crisis que está viviendo actualmente el sector
salud. Hemos visto cómo han aparecido diversas estimaciones respecto de
la deuda que eventualmente deberían enfrentar las Isapres, y eso ha
generado bastante ruido e incertidumbre.
Un
tercer ejemplo es lo que ha pasado en lo más reciente con la reforma al
sistema de pensiones. La ciudadanía ha podido observar cómo economistas
de dilatada trayectoria se enfrentan con guarismos en mano, respecto de
conceptos fundamentales como las tasas de reemplazo. Nuevamente, el
acceso a los datos (aunque tardío), no garantiza llegar a acuerdos.
Así, vuelve a surgir con fuerza la necesidad de contar
una Oficina de Presupuestos altamente calificada, autónoma e
independiente, que sea capaz de llevar a cabo evaluaciones objetivas de
las políticas públicas que se proponen. Contar con un organismo de estas
características nos permitiría robustecer la discusión pública, para
poder centrar la discusión en aquellos elementos que guardan relación
directamente con los objetivos que las políticas públicas persiguen, y
no con aquellas preferencias que válidamente pueda tener una u otra
persona.