Pensiones, salud, vivienda y educación son materias que nos preocupan a todos los chilenos y son desafíos
de cualquier gobierno. De hecho, pocos estarían en desacuerdo con que
estos cuatro elementos son fundamentales no sólo para una vida digna,
sino que también para materializar el ideal de que cada persona pueda
elegir su propio plan de vida y desarrollarlo. En base a esto, no es de
extrañar que exista cierto consenso en torno a su incorporación en la
nueva Constitución. Entonces ¿Dónde está el conflicto? Está en la forma
en cómo los distintos sectores abordan este tema. Después de todo,
incorporar los derechos sociales en la Constitución es algo
relativamente sencillo, pero hacerlos efectivos no lo es.
Siempre
es bueno comenzar analizando cómo abordan estas materias las
constituciones de distintos países. Y aquí hay de todo. Por ejemplo,
muchos países que miramos como modelo no contemplan uno o varios
derechos sociales, pero aun así los satisfacen. Tomemos el caso de los
países nórdicos y el derecho a la salud. Según el Comparative
Constitution Project, este derecho no se encuentra en las constituciones
de Suecia, Noruega, Islandia y Dinamarca, siendo Finlandia la
excepción. Lo contrario también es cierto. Existen constituciones que sí
consagran el derecho a la salud, como las de Brasil, Ecuador y
Colombia, pero que muy posiblemente lo hacen de una manera más precaria
que los países nórdicos mencionados e incluso que Chile. Por tanto, no
es cierto que la constitucionalización de estos derechos vaya acompañada
de su adecuada materialización y viceversa.
También
es bueno saber si Chile hace algo hoy en materia de derechos sociales.
En ese sentido ¿qué son la construcción de 1.200 viviendas anunciadas en
Magallanes para el 2021 sino un compromiso con el derecho a la
vivienda? ¿o la incorporación gradual de patologías al plan AUGE sino un
compromiso con la salud? Resulta evidente que estas políticas son y han
sido insuficientes. Pero señalar que en la práctica no existe
protección alguna a los derechos sociales por no estar algunos de estos
escritos en la actual Constitución no solo es artificioso, sino que en
nada contribuye al debate democrático.
Por
otra parte, existen varias limitaciones (distintas a la Constitución)
que impiden a los países avanzar en materia de derechos sociales. La más
evidente es la escasez de recursos. La satisfacción de los derechos
sociales va de la mano con cierto nivel de desarrollo y de generación de
riqueza que permita concretarlos. Esto en gran medida explica que sean
los países desarrollados los que mejor satisfacen estos derechos,
independiente de si los tienen o no consagrados en la Constitución. Por
lo mismo, cómo el Estado administra los recursos es algo que debiese
preocuparnos, ya que cada peso mal gastado en operadores políticos y
programas mal evaluados es dinero que podríamos estar usando la
satisfacción de derechos sociales. Por lo mismo, la nueva Constitución
debe necesariamente abordar el cómo está funcionando el Estado y cómo
hacemos llegar los recursos a quienes más lo necesitan.
Pero
la falta de dinero no es el único motivo que entorpece la correcta
implementación de los derechos sociales. Veamos el caso del acceso a la
vivienda. Esta semana, una agrupación de vecinos protestó afuera del
edificio de Servicios Públicos, pero no porque carecieran de dinero para
la construcción de viviendas. El subsidio ya estaba aprobado, pero el
problema era la demora en la construcción de las viviendas por
inconvenientes burocráticos. Asimismo, a principio de año, varios
vecinos de Pueblos Unidos protestaron pidiendo seguridad ciudadana y
sanitaria. Las quejas, en este caso, tenían que ver con que algunas
viviendas construidas con fondos públicos fueron asignadas a personas
que no las necesitaban (procedieron a arrendarlas), privando así de
casas a otros que sí las requerían.
Incorporar
los derechos sociales en la nueva Constitución no debiese ser un
inconveniente. El problema es la seriedad con la que vamos a abordar
esta discusión. Tomarnos los derechos sociales en serio implica
necesariamente discutir acerca de cómo vamos a hacer para financiarlos e
implementarlos. De hecho, es precisamente esto lo que diferencia una
política pública seria y bien financiada de un ofertón electoral. No
vaya a ser que, por no tomarnos los derechos sociales en serio, éstos
terminen siendo un recordatorio permanente de lo que no hemos hecho, en
vez de una ruta que el Estado debe transitar de manera progresiva y
responsable.