Diez
meses de redacción, 103 Plenos, 499 artículos aprobados. La redacción
de la propuesta de nueva Constitución llegó a su fin. Y en medio del
inicio de las comisiones de Armonización, Normas Transitorias y
Preámbulo, el panorama previo al Plebiscito del 4 de septiembre, indica
que, independientemente del resultado, ya sea que gane el Apruebo o el
Rechazo, el trabajo de la Convención muestra varios fracasos.
Así
es. El primero, es la cantidad de materias incluidas en la propuesta
constitucional; porque es muy fácil poner una larga lista de derechos
–en este caso 112- entre los que se incluye, el derecho de nuestro
cuidado desde el nacimiento hasta la muerte; el derecho a una conexión
de internet segura y rápida; el derecho a contar con una cantidad mínima
de energía, el derecho a una vivienda digna, el derecho al ocio, el
derecho a vivir en un entorno pacífico y seguro, etc. Lo anterior es
sencillo de declarar, el punto es tener los recursos necesarios para
financiarlo ¿Cómo se garantizará la seguridad, por ejemplo, en las
poblaciones tomadas por el narcotráfico y la delincuencia? ¿Cómo y de
cuánto será la recaudación tributaria para otorgar este derecho y el
derecho a una salud digna por ejemplo? ¿A quiénes se les aumentarán los
impuestos? ¿Cuánto tendrá que crecer el PIB? ¿En cuánto tiempo se podrán
ver materializados estos derechos? ¿Quién fiscalizará que se cumpla?
Las declaraciones constitucionales sin un plan real para
materializarlas, son solo eso: declaraciones.
Segundo,
si los chilenos nos pidieron redactar una Constitución que nos una como
sociedad; y una Constitución en donde seamos todos iguales, esto no fue
escuchado. Por ejemplo, una de las cosas que más nos encomendó la
ciudadanía, era tener un sistema de pensiones robusto. De los 449
artículos aprobados, solo 1 artículo se refiere a las pensiones,
mientras que, aquellos que consagran los derechos de los pueblos
originarios son más de 60. Esta Constitución profundamente indigenista,
termina además con el mayor principio de la justicia: la igualdad ante
la ley; esto, al consagrar la creación de una justicia diferenciada, en
donde habrá tantos sistemas de justicia como pueblos originarios.
Tercer
fracaso; la propuesta de la nueva Constitución que entregaremos no
garantiza estabilidad. Es un texto desmedido, separatista y
refundacional, que hace cambios extremadamente radicales y que desconoce
y reniega en gran parte de nuestra historia. Tal como dijo un
columnista la semana pasada: “yo quería una nueva Constitución, no una
nueva nación”.
En
el próximo Plebiscito del 4 de septiembre nos jugamos el futuro de
nuestro país, por ello, la ciudadanía tiene el deber cívico de analizar
la propuesta para concurrir a las urnas absolutamente consciente de las
consecuencias que tendrá su voto. Si gana el apruebo, la Constitución
tendrá un importante choque con la realidad y la nueva Constitución,
tendrá que tener necesariamente un periodo de adecuaciones legales muy
profundo en donde deberá resolver decenas de materias inconclusas o
contradictorias.
Y
si gana el rechazo, se deberá encontrar una alternativa para reformar y
perfeccionar la actual Constitución de 1980, respondiendo a los cambios
que la ciudadanía anhela y por los cuales voto.
En
este escenario, las dudas superan a las certezas, sin embargo hay algo
que sí está claro: la Convención como institución ya muestra varios
fracasos..