Durante
las últimas décadas, la participación ciudadana se ha convertido en una
especie de vara para medir la legitimidad de los procesos políticos. En
esa línea, la Convención ideó la “Iniciativa Popular de Norma”, que
permitía a la ciudadanía proponer preceptos constitucionales
ofreciéndole así “ser parte del proceso” a través de un mecanismo de
democracia directa. Sin embargo, muchas de las ideas que pasaron el
umbral de apoyo para ser discutidas (15.000) fueron rápidamente
descartadas sin mayor deliberación, siendo aprobadas en general aquellas
que ya eran apoyadas por la mayoría de los convencionales de las
comisiones que las revisaron. Por lo mismo, el proceso dejó la sensación
de no ser todo lo participativo que prometía.
Lo
cierto es que era esperable que esto sucediese. La participación se ha
erigido como una de las ideas políticas más potentes de nuestro tiempo y
se apoya en la idea de que las leyes, al ser restricciones a la
libertad, deben ser el producto de la participación, ya que es la única
forma de que sean vistas como voluntarias y no impuestas por otros.
Luego, esto diferenciaría las restricciones legítimas a la libertad (las
autoimpuestas), de las que no lo son (las impuestas por otros). De ahí
que estas normas ganan en legitimidad mientras más apoyo reciban. Sin
embargo, la forma de llevar la participación ciudadana a la práctica no
es tan clara y tampoco ha sido suficientemente estudiada, a diferencia
de lo que sucede con algunas de sus dificultades.
Una
de estas dificultades es que para que las leyes sean realmente
autoimpuestas para todos, tendrían que ser tomadas por unanimidad, vale
decir, por el voto favorable de todos, cuestión que rara vez ocurre en
democracia, donde aun habiendo mayoría, habrá una minoría que resista
esa regla (que puede ser significativa cuando hablamos de, por ejemplo,
un 49%).
Otra
dificultad de la participación es que el apoyo mayoritario de alguna
regla no indica que esta sea buena, justa o siquiera deseable. Existen
casos donde las mayorías han aplastado a las minorías en temas étnicos,
religiosos, entre otros. En otras palabras, la participación, en
general, trata principalmente acerca de cómo se formula la regla, pero
no necesariamente de sus resultados. Por lo mismo, varios teóricos de la
democracia han ideado mecanismos a través de los cuales la
participación pueda ser informada, ya que esto, señalan, disminuiría el
margen de error.
Volvamos
a las Iniciativas Populares de Norma de la Convención. En primer lugar,
los 15.000 apoyos necesarios para que la norma sea discutida parecen no
ser demasiados en un país de 19 millones de personas, haciendo difícil
afirmar que de prosperar fuesen vistas como ‘autoimpuestas’. Esto, sobre
todo si se considera que existen grupos de interés con alta capacidad
de organización que juntaron fácilmente estos apoyos. Por otro lado, si
bien muchas normas eran dignas de debate (propiedad privada, derecho a
la vida, derecho al aborto, entre otras), existieron otras cuya
discusión en sede constitucional parecía absurda. Un ejemplo de lo
anterior es la propuesta de la Cannabis a la Constitución, que, juntando
más de 44.000 apoyos, fue la tercera iniciativa más votada. No hay duda
que los promotores de la marihuana son un grupo de interés numeroso.
Sin embargo, no se trata de un tema constitucional y tampoco hay
claridad científica que respalde la deseabilidad de la propuesta.
No
pudiendo ser de otra forma, la Convención pasó por encima de esta y
otras propuestas, descartando la gran mayoría de ellas e incorporando
aquellas que eran parecidas a las de los propios convencionales que
integraban la comisión que las abordó. Y posiblemente esto era lo mejor
para el proceso. Sin embargo, dejó la sensación de que la opinión
popular fue depositada en un buzón, leída en voz alta, para luego ser
descartada.
El
problema fue, entonces, de diseño. Hacer que la participación sea
efectiva es difícil. Existen algunas formas innovadoras que fomentan la
participación informada, como las encuestas deliberativas, que, bien
diseñadas, pueden funcionar de buena manera. Sin embargo, este tipo de
iniciativas hubiese requerido de humildad intelectual, algo que no
abunda en la Convención. El resultado fue un proceso de participación
decorativo, más parecido a una participación simulada que real.