En
pleno levantamiento del pueblo chileno contra las élites económicas y
políticas de este país, el día martes de esta semana nos enteramos que
el ex candidato presidencial Laurence Golborne pago 11 millones de
pesos, correspondiente a un “acuerdo” con el Ministerio Público,
para una “salida alternativa” del caso Penta, caso que significó una
defraudación al fisco equivalente al costo de reconstruir toda la
infraestructura del Metro de Santiago destrozada en las manifestaciones del mes que pasó. Para su conocimiento, no es solo Golborne el beneficiado con el pecado de la “impunidad”, el listado es grande:
Pablo
Wagner, ex subsecretario de Minería, pena remitida por 2 años y la
inhabilidad de ejercer cargos públicos por 4 años. Es decir el próximo
año podría volver a ser subsecretario o ministro, o peor aún, podría ser
candidato para ser asambleísta en el proceso de nueva Constitución.
Jovino Novoa, 3 años de pena remitida, con firma mensual (sin cárcel) y
una multa de 11 millones de pesos. Alberto Cardemil, suspensión
condicional del procedimiento a cambio del pago de 10 millones de pesos y
firma mensual. Iván Moreira, acordaron con el Ministerio Público la
suspensión condicional del procedimiento a cambio del pago de 35
millones en 12 cuotas. Isabel Marinovic, esposa del senador Moreira,
también acordó la suspensión condicional, pagando $277.777. Eduardo
Montalva, ex asesor del senador Moreira, suspensión por el pago de
$166.666. Andrea Shultz suspensión por $833.333. Rodrigo Molina, ex
chofer del senador Moreira, suspensión por $388.888, Carlos Delano y
Carlos Lavín, delincuentes confesos de delitos tributarios, cohecho y
soborno, 4 años de libertad vigilada, clases de ética y el pago de lo
defraudado. Las causas de las señoras de estos dos delincuentes están en
tramitación aún, al igual que Felipe de Mussy, ex diputado UDI, Pablo
Zalaquett, ex alcalde UDI, Santiago Valdés, ex gerente de Bancard y
Carlos Bombal, ex diputado y senador UDI. Como usted puede observar, la
élite política casi no tuvo rasguños por una de las defraudaciones más
grandes que hemos sufrido,
ya que los delitos tributarios generaron una menor recaudación fiscal
de 1.700 millones de pesos, y el resumen: TODOS LIBRES.
Si
revisamos el caso Soquimich las estadísticas son macabras: de los 180
imputados en delitos tributarios al año 2018, hay solo 8 personas con
condena, alrededor de 120 ya dejaron de ser investigados. El 14 de
febrero del 2018, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmo la
suspensión condicional del único proceso judicial en contra de SQM como
persona jurídica y el 2 de marzo la Corte Suprema rechazó desaforar al
senador Fulvio Rossi.
En
el caso Corpesca la cosa anda por ahí. El ex senador Orpiz “vomitó”
toda la información relativa al financiamiento ilegal de la política,
con lujo de detalles como nombres de los “intermediarios”, empresas
implicadas, modus operandis, políticos coimeados, y el resultado… Nada, y
como corolario la Ley de pesca, conocida como Ley Longueira (por quien
fue ministro y a la vez parecía representante de la empresa) sigue
vigente.
La
impunidad, el primer pecado capital de esta élite política, que es
capaz de defraudar al Estado sin ningún miramiento, y al mismo tiempo
hacer leyes para sancionar al chileno común.