Durante
los últimos días el proyecto de ley que propone amnistiar a los
denominados “presos políticos” de la crisis social del 2019 ha vuelto a
tomarse la agenda. Distintos actores políticos (incluidos los autores
del proyecto) han señalado que existirían cerca de 800 personas privadas
de libertad sin juicio justo. Sin embargo, desde el Ministerio Público
han desmentido esta cifra, consignando que -en realidad- son 25 personas
las que se encontrarían en prisión preventiva en el contexto de la
investigación de delitos tan graves como homicidio, incendio, porte
ilegal de armas, activación y lanzamiento de bombas molotov.
Adicionalmente, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human
Rights Watch (organismo internacional no particularmente afín al
gobierno), ha señalado que nadie ha sido encarcelado por sus ideas, por
lo que “no hay presos políticos en Chile”, sentenciando que un indulto
como el propuesto sería “un grave error”. Teniendo esta información a la
vista ¿Cuáles son las motivaciones detrás de quienes persisten en esta
iniciativa? Acá existen dos grupos: los presos y los políticos.
Para
los primeros, la justicia de su causa los habilitaría para recurrir a
la violencia como forma de acción política. Bajo este prisma, los
delitos de los presos y el desprecio que estos suponen a los derechos de
los demás no deberían ser castigados por responder a un fin superior.
El problema de esta visión es que torna a la política en un campo de
batalla, sustituyendo la deliberación política por el ejercicio de la
fuerza. Esta forma de concebir la política es contraria a la democracia
puesto que ésta implica precisamente renunciar a la violencia para
reemplazarla por elecciones periódicas que permitan alternancia en el
poder, siendo el derecho a manifestarse una forma de demostrar el
descontento social, siempre que esta sea pacífica. Por estos motivos,
quienes incendian inmuebles y destruyen propiedad pública y privada lo
que hacen es mostrar su desprecio a la democracia, socavándola.
Pero
quizás el caso más llamativo por su cinismo es el de los políticos.
Desde el Congreso, varios parlamentarios de oposición se han empeñado en
impulsar este proyecto sabiendo o debiendo saber que no existen
personas privadas de libertad por sus ideas políticas. El motivo que se
esconde detrás de su actuar es más mundano que el de los presos y tiene
que ver con sus propios intereses. En un año de elecciones, los
políticos suelen estar más preocupados de reelegirse que de servir al
bien común. Sin embargo, el bajo nivel de aprobación del Congreso y su
desprestigio hace presagiar que muchos de los actuales congresistas van
de salida. Frente a este escenario desesperado, muchos parlamentarios
han renunciado a convencer mediante argumentos y han preferido
congraciarse con las redes sociales (confundiéndolas con el electorado) a
punta de slogans y pirotecnia política. Pero la lógica de hacer leña de
la institucionalidad para después, una vez electos, arreglar la carga
en el camino también daña a la democracia. Esto, debido a que cualquier
sistema político, para poder subsistir, exige un mínimo de honestidad
intelectual y sentido republicano por parte de sus actores.
A
fin de cuentas, el denominado proyecto de indulto a los “presos de la
revuelta” ha desnudado dos de los problemas más graves de nuestra
política actual. El primero es la falta de comprensión por parte de
ciertos sectores de las reglas básicas de la convivencia democrática y
la fragilidad de ésta. El segundo es el efecto gravitatorio de las
elecciones y la influencia que éstas ejercen sobre los actores del
sistema político. En ambos casos, la solución pasa por un diálogo
sincero que permita reconstruir y remodelar tanto las instituciones que
provocaron la crisis social del 2019 como las que se han venido
desarmando en el camino. El desafío es enorme y pronto sabremos si
estamos a la altura.