Chile
ha logrado avanzar rápidamente en el proceso de vacunación contra el
Covid; sin embargo, al mismo tiempo vive un preocupante aumento en el
número de contagios. La situación de la pandemia es extremadamente
grave, con niveles de ocupación de camas críticas sobre el 95% y con
cifras diarias similares a los momentos críticos del 2020. En este
contexto las decisiones políticas son confusas y el comportamiento de la
población va acorde a ello. Discursos de triunfalismo diario, medidas
sanitarias implementadas sin participación y diálogo, permisos de
vacaciones masivos en enero en medio de un brote importante, la porfía
de un retorno a clases presenciales, un plan paso a paso flexibilizado
permanentemente… medidas y acciones que conducen a la idea que mi
realidad personal o interés particular son más importante que el interés
colectivo en tiempos de emergencia. De ahí, lo confuso de los llamados
del ministro de Educación, del obispo Bernardo Bastres, o de tantos
otros.
El
objetivo primario de la vacunación es proteger la población de riesgo,
es decir, reducir el número de fallecidos y hospitalizados concentrado
en adultos mayores y, en la medida que se cubra un porcentaje sustancial
de la población, frenar la transmisión del virus en la comunidad. En
forma asociada, sabemos que las vacunas requieren la aplicación de dos
dosis separadas en intervalos de tiempo, las que logran inmunidad en la
persona sólo a partir de la segunda semana posterior a la segunda dosis.
Por ello, aumentar la movilidad y generar espacios de posibles
contagios (como el retorno a clases presenciales) mientras está el
proceso de vacunación en desarrollo, hace que la gravedad de esta
expansión de casos nuevos en Chile ponga en riesgo los objetivos del
plan de vacunación. Se suma a lo anterior que la presencia y circulación
de cepas nuevas, inglesa y brasileña, que, de entrar en contacto con
personas recién vacunadas, podría generar condiciones para el
surgimiento de mutaciones del virus, poniendo en potencial riesgo todo
lo obrado hasta ahora.
Chile
nunca ha apostado al control efectivo de la pandemia. El Gobierno ha
apostado a tener cierta tasa de contagio y hospitalizaciones de gravedad
“aceptables”, como una forma de mantener la economía funcionando, en
desmedro de medidas sanitarias y sociales más rigurosas y efectivas. Las
decisiones de carácter político y no sanitarias, como el plan de
retorno a clases presenciales es un ejemplo de ello. Sin duda, las
escuelas son un espacio donde se obtiene más que educación y debemos
procurar volver lo antes posible a clases presenciales, pero para ello
debemos primero asegurar que sea un espacio donde los niños puedan estar
con seguridad. Los niños se contagian como cualquier persona y debemos
evitar exponerlos al contagio y riesgos asociados. Mientras dejaron de
asistir a las escuelas estuvieron protegidos, pero desde que se
permitieron las vacaciones su tasa de contagio aumentó. Las escuelas hoy
son potenciales focos de contagio que ponen en riesgo a los niños y
toda la comunidad educativa. Ahora que estamos a pocos meses de alcanzar
la inmunidad en la población todo hace pensar que sería más apropiado
retrasar el ingreso a clases presenciales hasta que sea más seguro y
dedicar todo nuestro esfuerzo en procurar el financiamiento que pueda
proporcionar educación de calidad, acceso universal a internet,
seguridad, alimentación, salud física y emocional a los niños mientras
dure la crisis. Todos tenemos que hacer un último esfuerzo, pero el
Estado está al debe y las políticas públicas desarrolladas hasta ahora
son por lo menos erráticas y poco coherentes.