Desde hace más de una
década, nuestro país cuenta con la ley sobre igualdad de oportunidades e
inclusión social de personas con discapacidad. Un cuerpo que representa
un marco legal general en materia de discapacidad, abarcando un
sinnúmero de situaciones que de hecho se dan en la práctica y que son
reflejo de las enormes barreras que enfrentan día a día las personas
bajo esta condición.
Y
si bien la publicación de dicha norma es un avance, a más de diez años
de su promulgación, aún queda mucho por hacer en cuanto su efectivo y
real alcance, a su aplicación y a la eficacia de sus disposiciones,
especialmente cuando como sociedad debemos ir más allá y atender las
necesidades e intereses específicos de un porcentaje de la población que
durante las últimas décadas ha ido creciendo paulatinamente: las
personas diagnosticadas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el año 2018 se estimaba en Chile que 18.798 niños
y adolescentes tenían un diagnóstico de TEA, y si se incluye a la
familia de éstos, el TEA es parte de la vida diaria 75.192 personas.
Lamentablemente,
nuestro país no cuenta con la implementación necesaria para efectuar un
diagnóstico temprano del Espectro Autista, ni se han adoptado políticas
públicas para contabilizar cuantas personas tienen esta condición,
cuáles son sus necesidades e intereses. La única asistencia que existe
-y que resulta ser absolutamente insuficiente-, son ciertas ayudas
técnicas entregadas a un minoritario grupo de personas a través del
Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) a las cuales se debe
postular, no son un derecho.
Tampoco
se cuenta con prestadores de salud a quienes acudir a fin de costear
los tratamientos necesarios ni las terapias que permitan una óptima
calidad de vida con la Condición Espectro Autista. Menos podemos hablar
de inclusión social en centros educacionales o en algún tipo de trabajo
ya que se invisibiliza y disminuye en el trato a personas que son plenos
sujetos de derecho, como cualquier otro.
Por
ello, se hace urgente avanzar en leyes relativas a la protección de
niñas, niños, adolescentes e incluso adultos diagnosticados con TEA.
Legislar normas destinadas a garantizar el acceso a la salud y terapias,
pues el espectro autista no es tratado ni considerado por estas
modalidades de previsión, Ni siquiera se contempla que estén dentro del
Plan GES.
Hoy
existen una serie de proyectos de ley que van en la línea descrita,
pero ya sea por falta de interés o porque los TEA no son parte de la
agenda comunicacional, siendo invisibilizados, cuando a todas luces
estamos frente a un ‘fenómeno’ cada vez más frecuente, que genera
especial angustia en sus padres, ya que como Estado y sociedad, seguimos
sin estar preparados para enfrentar situaciones que al resto de la
población simplemente les genera incomodidad y prefieren ignorar.