El
gobierno se metió en un enredo de proporciones al anunciar el indulto a
los denominados “presos de la revuelta” y lo hizo en el peor momento
posible, cuando la delincuencia se posiciona –por lejos- como la primera
preocupación de los chilenos en la última encuesta CEP.
Además
tenemos la desprolijidad del en el anuncio: listas incompletas, nombres
de última hora y una incomprensible disputa del Presidente con el poder
judicial y el ministerio público, al calificar la inocencia de los
indultados o cuestionar el proceso en que los tribunales condenaron al
exfrentista Jorge Mateluna. La crisis escaló a tal punto, que la Corte
Suprema debió sacar un duro comunicado recordándole al gobierno que en
Chile solo los tribunales pueden determinar la culpabilidad de una
persona formalizada por delitos.
En
una de sus innecesarias declaraciones, el Presidente dijo que estos
“jóvenes” no eran delincuentes y a los pocos días, Canal 13 publicó un
reportaje que decía exactamente lo contrario describiendo el enorme
prontuario de uno de los indultados con 25 causas judiciales. Luego se
supo que otro indultado, apodado “La Criatura”, tenía antecedentes por
violencia contra su pareja, lo que curiosamente no hizo saltar a la
ministra de la Mujer Antonia Orellana, que se ha transformado en una
suerte de comisaría del enfoque de genero.
¿Qué
explica esta cadena de errores?. La justificación oficial fue que se
trataba de una promesa de campaña, lo que es cierto en cuanto al
indulto, pero no a las declaraciones del Presidente cuestionando las
resoluciones de otro poder del Estado. Tampoco permite entender el
pésimo momento del anuncio. En vez de hacerlo cuando el gobierno
terminaba, el indulto se anuncia al final del primer año cuando las
encuestas indican que el Presidente tienen apenas un 35% de apoyo.
Algunos
incautos se sorprenden por esta actitud y la ven como un retroceso en
el supuesto cambio que había tenido el Presidente en la segunda vuelta o
luego del plebiscito. Pero si somos rigurosos estos cambios de opinión,
también conocidos como “volteretas” han sido una constante del primer
Mandatario y en el caso de la violencia, constituyen una debilidad
objetiva que Boric no ha sabido controlar con la prudencia que requiere.
El exconvencional Fernando Atria felicitó el indulto, ya que el
considera que los presos del estallido fueron fundamentales para forzar
el momento constituyente que Atria terminó farreándose junto a sus
colegas de la Convención. Y no es el único que sostiene esa idea
delirante, que la violencia fue necesaria para empujar esta supuesta ola
de cambios, y remarco supuesta, porque en los hechos, nada ha cambiado
desde que el país sufrió con el estallido de 2019. De hecho todos los
indicadores muestran que hoy estamos peor. Somos un país más pobre, con
ciudades más inseguras y segregadas, con la inflación es la más alta en
30 años y una recesión anunciada para 2023.
Por
si quedaban dudas, la encuesta CEP publicada hace pocos días no deja
margen. Su crítica al gobierno es lapidaria y se observa un cambio del
clima de opinión respecto a la violencia, y un mayor apoyo a la
represión policial, llegando al extremo de relativizar la importancia de
la democracia como el mejor sistema de gobierno versus un régimen
autoritario que aplique mano dura contra los malos. Este resultado, que
era completamente esperable, nos obliga a preguntarnos, nuevamente, en
que estaba pensando el Presidente cuando indultó a estos delincuentes.
Mi explicación es que – sin decirlo- Gabriel Boric piensa lo mismo que
Atria, Aún considera que los presos de la revuelta son víctimas de un
sistema neoliberal opresor y que su “lucha” – que fue quemar templos y
saquear pequeños negocios- fue necesaria para estresar el país y
permitir el fracasado momento Constituyente. Puede que sean villanos,
pero son los villanos preferidos de la coalición que nos gobierna. Esta
actitud tiene que cambiar, ya que ninguna promesa hará que la gente le
crea al mismo Gabriel Boric que dice que perseguirá a los delincuentes
como “perros” y que al otro día los libera, cuestionando la separación
de poderes y coronando un primer año decepcionante y pésimamente
evaluado por la ciudadanía.