Uno
de los factores que ha contribuido al descontento social es la
percepción de que quienes tienen poder político y/o económico pueden
usarlo para evitar la justicia cuando violan la ley. En particular, los
ilícitos económicos como la colusión han favorecido este malestar. Sin
embargo, no abundan las propuestas serias en esta materia.
Los
delitos económicos son sumamente graves. Por un lado, afectan
directamente al bolsillo de los ciudadanos aumentando artificialmente
los precios de bienes y servicios o disminuyendo su calidad. Por otro,
generan desconfianza en la economía de mercado que impera en la mayoría
de las democracias occidentales. En ese contexto, nuestra actual
Constitución plantea libertades económicas que debiesen ser mantenidas,
pero no contempla suficientes mecanismos para controlar sus excesos. Al
haber trabajado en la Fiscalía Nacional Económica (en adelante FNE),
entidad que persigue ilícitos económicos, considero que la nueva
Constitución nos puede ayudar a avanzar en esta materia por la vía de
mejorar nuestra institucionalidad.
Una
primera idea consiste en incorporar la libre competencia y el libre
mercado como principios constitucionales, condenando los atentados a
estos (como la colusión y otros abusos empresariales). Actualmente
nuestra Constitución carece de dichos principios, los que sí existen en
alrededor de 53 constituciones que los consagran de manera directa o
indirecta (según el Constitute Project). Lo mismo ocurre con el Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea (que para la UE es lo más parecido
a una Constitución). Establecer estos principios no solo daría el
soporte constitucional para luchar contra los delitos económicos, sino
que podría generar una mayor identificación de la ciudadanía con la
Constitución debido al repudio que estos generan.
Pero
esto no es suficiente si no viene acompañado de reformas
institucionales concretas. Y aquí el rol de la FNE es clave. Esta
institución, que por su calidad es un ejemplo para muchos servicios
públicos, debe ser fortalecida. El primer paso es consagrar su autonomía
constitucional, de modo de resguardar su independencia (técnica y
operativa) del poder político, además de asegurar recursos para que
pueda cumplir su labor con efectividad. De hecho, no existen muchos
motivos para que el Ministerio Público (que persigue delitos penales) tenga autonomía constitucional y la FNE no.
Pero
quizás la reforma más importante tiene que ver con la
descentralización. Muchas de las investigaciones de la FNE involucran
empresas que operan a nivel nacional o en Santiago y no en regiones. En
otras palabras, no es que en Magallanes no existan casos de colusión. Lo
que sucede es que no contamos con las instituciones a cargo de
perseguirlos y es muy costoso llevar las denuncias a la capital. Por
tanto, la nueva Constitución debiese asegurar que instituciones como la
FNE tengan oficinas regionales que permitan perseguir y sancionar estos
delitos. Esto no sería ninguna novedad, ya que hasta el 2003 existían
las Comisiones Preventivas Regionales y los Fiscales Regionales,
encargados precisamente de esta labor. Sin embargo, fueron eliminadas
argumentando que su trabajo era esporádico. Los resultados están a la
vista.
En
suma, lograr modificaciones que permitan perseguir y castigar
eficazmente los abusos económicos es fundamental para recobrar la
confianza en nuestras instituciones. Y en esa materia la nueva Constitución puede y debe jugar un rol fundamental.