El
desinterés de los gobiernos y parlamentos por las zonas aisladas deriva
de su menor peso electoral (Magallanes representa menos del 1% del
total de la votación a nivel país), resultante de la baja población y de
la emigración de su capital humano a las grandes ciudades. Y esto no es
un lamento que se venga dando desde hace un par de décadas, es una
constante que se repite en el tiempo y que siempre hay compromisos que
se adquieren para revertir esta realidad. Así se explican las limitadas
franquicias e incentivos contenidos en las legislaciones especiales para
las inversiones privadas no sólo en nuestra zona, sino también en
Aysén, Palena, Arica y Parinacota. Esta falencia se intenta suplir a
veces con gasto público episódico y subsidios encubiertos, decididos
muchas veces centralizadamente y que no sirven para atraer inversiones
de particulares y para el desarrollo autónomo y sustentable de esas
regiones y equilibrado del país. Los últimos mandatos han acogido las
justificadas presiones regionales, manifestando una mayor conciencia y
señalando públicamente la postergación de las zonas extremas. Esto ha
derivado en mayores programas de inversión pública, el fortalecimiento
del Plan Frontera Norte, un nuevo impulso
a la Carretera Longitudinal Austral y a otras obras del Cuerpo Militar
del Trabajo (CMT) para establecer conexión en Tierra del Fuego. Los
frutos de estas iniciativas comienzan a percibirse, pero subsisten los
incordios de la falta de incentivos, de infraestructura, la burocracia y
los centralismos, que dificultan la llegada de inversión privada
significativa y un ejercicio efectivo de la soberanía en las zonas
extremas. A los privados no se les compensa ni motiva para aumentar la
inversión en la zona y deberemos cobrar las palabras comprometidas. Ya advertimos retraso en los proyectos de Magallanes.