El
Presidente Sebastián Piñera acaba de visitar el Reino Unido en el marco
de una gira europea que incluyó España, Francia, Italia y el Vaticano.
Probablemente durante su estada en Londres, ni el Presidente, ni el
Canciller Allamand, mencionaron la cuestión de los vínculos históricos
entre nuestra Región y las Islas Falkland/Malvinas, no obstante la
actualidad del impasse político y diplomático generado por la proyección
de la plataforma continental legal de las Islas Diego Ramírez sobre el
proyecto geopolítico de plataforma continental argentino de 2009. En
círculos argentinos ya circulan algunas (convenientes) teorías de la
conspiración, que apuntan a una supuesta “oculta alianza”
chileno-británica. Delirante.
En
Magallanes es sabido que, desde temprano en el siglo XIX, los isleños
de las Falkland mantuvieron -por obvias razones de proximidad-
relaciones amistosas con la naciente comunidad regional, con la cual,
además de algunas de sus más antiguas familias, compartieron la
actividad de la ovejería, la pesca y el transporte marítimo.
Después
del conflicto bélico generado por la invasión militar argentina (1982),
los vínculos históricos entre esas islas y Magallanes se han visto
disminuidos como resultado de restricciones unilaterales impuestas por
nuestros vecinos a la navegación marítima y aérea. No obstante que,
desde la administración Aylwin, Chile ha solidarizado con el reclamo
territorial argentino, las restricciones a la navegación se han
implementado sin pausa. Esto, sin embargo, no acercado ni siquiera un
milímetro a las gentes de las Falkland hacia la posición irredenta
argentina.
En Chile tampoco se ha tomado nota de los cambios políticos y administrativos ocurridos en esos territorios.
Si hace 40 años, en la época de la invasión argentina, se trataba de
las “Falkland Islands Dependencies”, un territorio de ultramar vinculado
al llamado “British Antarctic Territory”, hoy se trata de un territorio
autónomo, con su propia Constitución, su propio gobierno y su propia
judicatura. En los hechos y en el derecho, desde que en 1964 Argentina
incluyera su pretensión sobre las “Falkland Islands Dependencias” en la
agenda
del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, el gobierno isleño ha
transitado desde un “territorio de ultramar” a un territorio autónomo
de gobierno elegido por voto universal, cuyos habitantes, por decisión
libre e informada, desean seguir vinculados al Reino Unido.
Mirado
el asunto desde la perspectiva de los principios básicos de Naciones
Unidas, ya no se trata de un “problema de descolonización” (no es “una
colonia”), sino de un problema de “autodeterminación de los pueblos” y,
también, de un problema respeto de los derechos humanos de los isleños
(i.e., “toda persona tiene derecho a una nacionalidad” y “todo ser
humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su
personalidad jurídica: es decir, ser tenido en cuenta por las leyes
nacionales e internacionales”).
A
pesar de su énfasis en lo declarativo y principista, a contar de la
década de los 90s la política exterior chilena ha preferido ignorar esta
realidad. A cambio, ha endosado el reclamo territorial argentino que
encapsula un proyecto geopolítico de enorme envergadura y que, entre
otros, incluye una pretensión sobre territorios submarinos de la
proyección legal de 200 millas de las Diego Ramírez, amén de parte
esencial de la Antártica Chilena.
Ni
Chile ni Argentina han logrado comprender el proceso que ha tenido
lugar en las Falkland/Malvinas. Mientras eso no ocurra, esta región del
mundo seguirá siendo objeto de una competencia que no solo dificultará
la creación de una comunidad de intereses (que asegure la paz y la
estabilidad internacional), sino que facilitará la irrupción de
verdaderas potencias extra-regionales con intereses frontalmente opuestos a los habitantes del extremo sur americano.