La Corporación Municipal para la Educación, Salud y Atención al Menor de Punta Arenas (Cormupa) está quebrada. Eso ya no es un misterio. Pero ¿por qué se llegó a esto?
Al inicio de la década de los ochenta, cuando la educación pública chilena pasó a ser administrada por el Municipio comienza la historia. Por esos años, cierto, las escuelas no eran tantas, ni los consultorios tampoco y aún se recuerdan las gestiones de un Carlos Iñiguez bajo la alcaldía de Jorge Vega, y posteriormente con Nora Hernández, que trabajó junto al entonces alcalde Eduardo Menéndez.
El primero tuvo serias dificultades judiciales cuando invirtió dineros de la corporación, junto a varios socios más, en la iniciativa que dio efímera vida al diario “La Región” y esa gestión implicó que él y varios socios más pagaran con cárcel que, por esos años, estaba ubicada en la calle Waldo Seguel.
Pero eso es sólo parte de la historia, algo así como el prólogo de una historia llena de sinsabores, principalmente, de tipo económico, aunque los recursos entregados por el Estado chileno han sido cuantiosos “pero insuficientes” y manejados no precisamente de la mejor, eficiente y más eficaz manera.
HOY
Las deudas, se ha informado, ascenderían a varios miles de millones de pesos (no hay una cifra exacta), por los más diversos conceptos, partiendo por la masiva contratación de funcionarios, algunos profesionales, los más, administrativos; al pago de asesorías y seminarios de capacitación de justificación y realización dudosa y lo que es peor, por la enorme fuga de alumnos hacia otros colegios particulares subvencionados, en su mayoría, aunque los que poseen los medios suficientes, han matriculado a sus hijos e hijas en colegios particulares.
Así recibió la nueva administración municipal a la Cormupa. El nuevo secretario ejecutivo de la Cormupa, el conocido contador Segundo Álvarez y su equipo, están abocados regularizar ingresos y pagos y hacen los máximos esfuerzos para salir adelante.
La más reciente de las “sorpresas” que ha traído la de la Cormupa ha sido la formalización de dos de sus ex secretarios ejecutivos, designados por administraciones alcaldicias anteriores a la actual, la de los ex alcaldes Vladimiro Mimica y Emilio Boccazzi, respectivamente.
Se trata del abogado Hermes Hein y del profesor Hugo Bizama, a quienes la justicia ha sumado a Katherine Urtubia, ex jefa de finanzas, y de una persona que se ha transformado en un personaje muy singular de la política regional, Gonzalo Pumarino.
Todos ellos han alegado inocencia de los cargos por los que fueron imputados y que pueden ser explicados como “una distracción de fondos públicos, sin reintegro” porque aparecen vinculados, de una u otra responsabilidad, es decir, mayor o menor, en la firma de un contrato de prestación de servicios (compra de servicios) para modificar los nuevos estatutos de la Cormupa y un rediseño organizacional de la entidad por la suma de 150 millones de pesos, a partir del año 2010.
ACUERDOS DUDOSOS
El problema es que Chileduc, la empresa contratada para ejecutar trabajos, parece moverse casi en penumbras, con un perfil muy bajo en el mundo de las empresas de su tipo.
Claro que del total contratado, sólo alcanzó a cobrar una factura y un pago provisorio que, en total la justicia estimó en 30 millones de pesos, con la anuencia de los formalizados recientemente.
Hein dijo que él recibía “órdenes del directorio”, argumento que tal vez sea utilizado también por Bizama cuando, en agosto próximo, también sea formalizado por el mismo delito que, se afirma, está respaldado por dictámenes de la Contraloría y de la Superintendencia de Educación y Gonzalo Pumarino podría afirmarse que era parte de sus atribuciones como jefe de la Unidad de Planificación de la Corporación, algo más que un zar administrativo y financiero.
HISTORIA CASI NUEVA
Ya a mediados del año 2014 se informaba acerca de la actuación de los personeros formalizados en el manejo de los abundantes recursos de la subvención denominada SEP, incluido el singular robo de un par de computadoras con información de lo realizado en esas gestiones y ya se hablaba de una deuda de seis mil millones de pesos y tanto la Contraloría, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), habían tomado cartas en el espinudo asunto.
También se escuchaban las voces de los concejales Julián Mancilla y Vicente Karelovic más el abogado Juan José Arcos que pedían la intervención del Mineduc en la corporación cuestionada por su relación con la ATE que iba a ejecutar la modificación de sus estatutos, entre otras tareas cobradas, pero cuyo valor en sí, era notablemente menor a las cifras pagadas.
Y todo esto sin entrar en detalles de los manejos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), que implicó el pago de unos 300 millones de pesos para 309 profesores que litigaron exigiendo su cancelación, aunque la justicia lo denegó en los años 2008 y 2009.
Existes numerosas publicaciones que dan cuenta de ciertas irregularidades en los manejos financieros, por la distracción de dineros fiscales en asuntos ajenos a sus objetivos reales, administrativos y legales.
Muchos afirman que en los ocho meses de investigación fijados en el momento de la formalización de los imputados, “saldrán otras sorpresas” y apuntan a varios.
Otros, más escépticos pero más bondadosos, afirman que “no va a pasar nada” y que todos quedarán libres.
Habrá que esperar lo que arroje esa investigación judicial; si habrá o no más sorpresas de esta caja llamada Cormupa y si sus actuales directivos saldrán adelante en su difícil navegar por mares tormentosos y logra recalar en puerto seguro porque parece que vienen tiempos mejores, como lo afirman los chilenos en cuánta encuesta político – electoral se dé a conocer en Chile por estos días.
Pero lo concreto es que durante unos seis años, se acusa a las distintas ex administradores de la ex Concertación de Partidos por la Democracia de la Cormupa parecen haber cometido irregularidades, involucrando en ellas, incluso, a instituciones académicas de alto nivel, como las universidades de Chile y Andrés Bello. Haber afirmado y financiado seminarios y talleres de calidad y utilidad dudosa para la educación municipalizada de Punta Arenas; haber “distraído dineros fiscales sin reintegro” en tareas ajenas a las que la Ley establece, eso en lo administrativo – financiero, y haber despilfarrado recursos que pudieron haber tenido un rédito político – electoral para el sector en el que militaban.
La Contraloría, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) han sido muy inquisidores en sus trabajos que investigan millonarias irregularidades que se habrían cometido en la entidad perteneciente al Municipio de Punta Arenas.
Ello llevó a que durante la semana se formalizara a ex funcionarios.