El
5 de enero el ministro de Educación anunció la presencialidad plena
para el año 2022 y, en la misma línea, el próximo gobierno, a través del
futuro ministro de la cartera, han insistido que la presencialidad debe
ser la regla y con un grado de autoritarismo el presidente Boric, en un
encuentro con empresario (no menor el escenario), indicó “que los
colegios tienen que ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir”.
Pero ni el ministro saliente ni las futuras autoridades le han hablado
al magisterio, a las comunidades educativas, para explicar las
condiciones de la presencialidad, o para lograr entender si habrá un
proyecto más allá de la presencialidad.
Hasta
ahora faltando apenas 21 días para el ingreso a clases, el retomar o no
las clases presenciales ha sido el único foco de la discusión. El
Colegio de Profesores ha protestado frente a esta directriz argumentando
falta de condiciones y el sentimiento de desconfianza de las familias.
Sin embargo, ni el magisterio ni las autoridades se han manifestado
sobre el problema de fondo: como durante el año 2022 abordamos la brecha
educacional y cuáles serán las condiciones sanitarias para los
trabajadores de la educación y estudiantes (sin abusar de la buena
voluntad, como ha sido la tónica hasta el momento). Lo que deberíamos
estar de acuerdo es que no se puede volver en las mismas condiciones que
se hizo el 2021.
El
2021 se inició la presencialidad en forma voluntaria en los
establecimientos educacionales sin recursos nuevos para contratar
personal para la prevención y control de los contagios o para adquirir
nuevas herramientas para la labor docente. De esta forma fueron las
comunidades educativas, especialmente los equipos directivos, quienes
debieron asumir nuevas funciones (sobrecargando), en la mayoría de las
veces sin infraestructura adecuada. Se tuvo que asumir la prevención y
control de contagios, entregar la alimentación y el material docente en
emergencia, diseñar protocolos de intervención de casos sospechosos y
hacerse cargo de atender las enfermerías, entre otras acciones.
Hasta
el momento se convoca a la presencialidad, pero se volverá sin que las
comunidades educativas hayan realizado un diagnóstico sobre las
experiencias 2020 y 2021, sobre las dificultades y problemas que
ocasionó la enseñanza online o semipresencial, sin que se generen
mecanismos que apunten a identificar y ayudar a los alumnos con mayores
necesidades, en lo educacional, económico y social, para frenar entre
otras cosas la deserción escolar. Hasta ahora se sabe que las
herramientas pedagógicas empleadas para hacer clases en un contexto de
pandemia no funcionaron y los alumnos aprendieron poco, especialmente
aquellos de escasos recursos. Hasta ahora se vuelve con la misma
estructura precaria en un contexto de pandemia, la misma que impide
garantizar la presencialidad en un 100%. Hasta ahora la brecha
tecnológica en cuanto a conexión, capacitación y desarrollo de
habilidades digitales que ayuden a entregar y generar conocimientos
siguen estando fuera del debate y las prioridades. Debemos preocuparnos
más allá de la presencialidad.
Se
volverá a clases sin plan y sin recursos nuevos cuando es urgente hacer
las cosas de una manera distinta a lo obrado hasta ahora. La
presencialidad es fundamental, pero debe ser entendida y debatida más
allá del retorno a las aulas. En vez de darle tranquilidad a los
empresarios de la educación tiene más sentido referirse a la
presencialidad dando certezas a las comunidades educativas.