Solo
el triunfo del Rechazo puede devolvernos la esperanza de un Chile más
próspero y mejor. Ese Chile ampliamente vilipendiado por la Convención
Constitucional que, más que tener en la mente la elaboración de una
Constitución de integración nacional que cumpliera con las exigencias de
una democracia moderna, encausó sus prioridades hacia la refundación
del país, a segmentarlo racialmente y a crear un sistema de gobierno que
inadecuado y con innumerables elementos, pone en riesgo el desarrollo
de un buen gobierno y una adecuada democracia.
Tuvieron
la oportunidad de crear una norma estructural que organizara a nuestro
Estado y a nuestra sociedad en base a principios y compromisos
colectivos sólidos y democráticos, y hace un año atrás, en época de
campaña, prometieron que ese era el objetivo, teniendo como modelo a
países del primer mundo como Canadá, Australia o Nueva Zelanda,
destacados por sus políticas sociales robustas, excelentes relaciones
con sus pueblos originarios y un modelo económico altamente
diversificado, con patrones de producción eficientes y tecnologizados
que van en concordancia con la protección del medioambiente.
Siendo
así, es necesario hacer un análisis retrospectivo y preguntarse ¿qué
pasó en el camino? Porque finalmente, lo que redactó la Convención de
izquierda es algo absolutamente opuesto: una Carta Magna con un estatuto
de la naturaleza extremadamente confuso, con un estatuto de bienes
naturales sin contorno jurídico que puede afectar profundamente al
desarrollo y la creación de empleo; una norma con un indigenísmo
desmedido que discrimina a chilenos de miembros de pueblos originarios,
con sistemas jurídicos distintos y con privilegios para unos, pero no
para otros, como por ejemplo, el veto indígena o la especial protección de la propiedad de sus tierras, cosa que los chilenos no poseerán.
Echando
mano a la legislación comparada, la Constitución que se plebiscitará el
próximo 4 de septiembre, no es ni un ápice de lo que son las
Constituciones de Canadá o Nueva Zelanda, sino más bien, es una triste
emulación a las Cartas Fundamentales de Bolivia y Ecuador caracterizadas
por sus normas separatistas y lesivas para la libertad de las personas,
promovidas por movimientos populistas de izquierda que, según ha
probado la historia, terminan siendo de carácter autoritario, no cumplen
con lo que prometen, generan frustración en las personas y merman del
desarrollo de las naciones, exacerbando el desempleo, la inflación y la
pobreza. Es decir, fracasan.
Chile
merece más. Y el 4 de septiembre es clave porque los ciudadanos tenemos
una nueva oportunidad: al votar Rechazo dejaremos atrás esta etapa de
confusión y demagogia y podremos mirar el futuro con la esperanza de que
sí es posible –y necesario- redactar una nueva y buena Constitución que
haga de Chile un país mejor, en donde no haya separatismos ni
ciudadanos de primera y segunda categoría; en donde la libertad de las
personas, la independencia de las instituciones y la separación de
poderes, permitan el desarrollo y el bienestar que anhelamos y que bajo ninguna circunstancia, esta Constitución será capaz de proveer.