En una democracia, el debate sobre la seguridad pública a menudo se centra en la creación de nuevas leyes. Es un reflejo de nuestra urgencia por resolver problemas complejos: si hay un delito, la respuesta parece obvia, legislemos para castigarlo con más severidad. Los legisladores, motivados por la presión popular o por una genuina convicción, presentan proyectos de ley con nombres rimbombantes que prometen orden y justicia. Y así, el código penal crece, se añaden nuevos delitos, se aumentan las penas, y se otorgan más atribuciones a las fuerzas del orden.
Sin embargo, en esta carrera por legislar, corremos el riesgo de pasar por alto una verdad fundamental: una ley no es más que una promesa escrita en papel si no se aplica con rigor y eficacia. Podemos tener la legislación más moderna del mundo, inspirada en las mejores prácticas internacionales, pero si la policía carece de los recursos o la capacitación para investigar, si los fiscales no tienen el personal suficiente para llevar los casos a juicio, y si el sistema judicial se ve abrumado por la burocracia, esas leyes se convierten en letra muerta.
La seguridad no se garantiza solo en los salones del Congreso, sino en las calles, en los barrios y en las comisarías. Un policía que patrulla con vehículos en mal estado, que no tiene acceso a tecnología moderna o que no recibe una formación continua, no puede cumplir su función de manera óptima. Un sistema de justicia que acumula retrasos y que no brinda una respuesta oportuna a las víctimas genera una sensación de impunidad que socava la confianza en el Estado de derecho.
No se trata de estar en contra de la creación de nuevas leyes cuando son necesarias. La sociedad evoluciona, y el crimen también. Pero la prioridad debe ser fortalecer el andamiaje que ya existe. Esto significa invertir en formación y equipamiento para las fuerzas de seguridad, modernizar el sistema de justicia, y garantizar que los recursos se distribuyan de manera eficiente. La seguridad es un ecosistema que depende de cada una de sus partes. Si una falla, todo el sistema se debilita.
En lugar de celebrar cada nueva ley como un triunfo, deberíamos celebrar cada delincuente detenido, cada juicio justo y cada barrio donde la gente se siente segura. La verdadera medida de nuestra seguridad no es la cantidad de leyes que tenemos, sino la capacidad que demostramos para hacer que esas leyes se cumplan. El desafío no es crear más, sino hacer que lo que ya tenemos funcione.