Tarde
pero se hizo, una acertada reunión de coordinación entre las
Secretarias Regionales Ministeriales de Educación, del Trabajo y el
Director Regional del Trabajo, en que se analiza la difícil situación
del traspaso al nuevo Servicio Local de Educación de Magallanes y
Antártica Chilena. Los acérrimos defensores de la reforma, hasta ahora
habían olvidado los costos de los derechos, entre ellos el derecho a la
educación, gratuita y de calidad. Estudiar los costos y sus
consecuencias sociales y para los trabajadores, no significa restar
importancia a la necesidad de tan trascendental reforma institucional ni
a las políticas públicas que las inspiran. Muy por el contrario, el
tema no sólo es importante sino que prioritario, está vinculado con
la debida relación entre derechos fundamentales, por un lado, la
democracia, la igualdad de oportunidades, la justicia distributiva y la
necesidad de relacionar la reforma educacional con la tributaria, pues
sin eso que se llaman mayores ingresos y/o impuestos, o en su caso
aporte de los padres y apoderados, no es posible entregar una educación
gratuita y de calidad, porque efectivamente no es gratis, prueba de ello
son los conflictos laborales, los contratos colectivos vigentes y cuyas
cláusulas conservan su vigencia con el nuevo servicio que es el sucesor
legal de las corporaciones municipales.
Las
corporaciones municipales tienen responsabilidad hasta el último día de
su vigencia como empleador, como los Administradores del sistema. No
obstante, ante la inminencia del traspaso, siempre en el ámbito laboral,
se debe tener presente el principio de continuidad de la empresa que se
contempla en los artículos 3º y 4º del Código del Trabajo y en el
artículo 3º transitorio del Estatuto de los Trabajadores Asistentes de
la Educación, que entrará en vigencia conjuntamente con el traspaso del
servicio. Luego, es responsabilidad del Gobierno y del Ministerio de
Educación a través de su Subsecretaría y Dirección Nacional de
Educación, generar las instancias de diálogo y transición, los análisis
presupuestarios y tener muy claro los costos involucrados, caso
contrario enfrentaremos un año pleno de conflictos laborales y juicios,
lo que resulta una tremenda injusticia para profesores y asistentes de
la educación que aspiran a continuar o terminar su relación funcionaria
en paz y con respeto por sus derechos laborales ya adquiridos. Hasta el
momento ese análisis no ha existido, sólo reuniones de coordinación y
visitas al territorio que en nada contribuyen.
Es
por ello que esta reunión entre las autoridades del trabajo y de
educación deben continuar y ampliarse a la participación de los gremios
de toda la región, porque los trabajadores no han tenido acceso a
cuentas claras, no saben el estado de tramitación de los recursos para
su retiro anticipado, no tienen certeza en el pago de sueldos e
imposiciones previsionales y ante ello, ha sido un acierto esta primera
reunión entre el mundo del trabajo y la educación, pues el sólo anuncio
de la insuficiencia de recursos no exime a los empleadores de cumplir
con sus obligaciones, y con los contratos individuales y colectivos de
trabajo, más vale tarde que nunca, porque una acuciosa fiscalización en
el cumplimiento de los contratos de trabajo y obligaciones
previsionales, se hace más necesaria que nunca, la educación tiene sus
costos, pero ellos no pueden ser soportados por los trabajadores.