¿Seguimos igual o mejoramos? ¿Mantenemos este clima o hacemos algo distinto? Son dos grandes preguntas que salen al pizarrón.
No solo estamos hoy en una crisis de seguridad, donde la percepción de ser víctima de un delito está en su nivel más alto en 23 años, con un gobierno impávido, falto de reacción y sin conocer los avances que comprometió para su fast track legislativo. Hoy estamos viviendo una crisis de confianza por aquellos que se atrevieron a corromper la fe pública y son protagonista de actos contra la probidad o corrupción.
Lo del señor Hermosilla, reconocido abogado de la plaza, debe ser investigado. Agradecer la rápida reacción del Ministerio Público. Pero no se puede tolerar. Luego de escuchar el audio sobre las presuntas coimas, se debe condenar y decir que esto se tiene que investigar caiga quien caiga, hasta las últimas consecuencias.
Por otro lado, repudio absoluto a quienes traicionaron la confianza de millones de chilenos y están usando el gobierno de turno, como una máquina para defraudar al Estado. Hablo de Democracia Viva y el caso fundaciones. Declaraciones más, declaraciones menos en estas últimas semanas, va quedando claro que hubo personas -que la justicia tendrá que responsabilizar caso a caso- que entraron al gobierno sabiendo que podían defraudar. Entraron al gobierno y crearon fundaciones, entraron al gobierno y se pusieron en puestos claves y a partir de ahí, iniciaron un proceso de mal usos de recursos fiscales. Inaceptable.
La clase política hace un buen trabajo de retórica para condenar estos actos, sin embargo, la legislación vigente y la carta constitucional vigente, no tiene ningún acápite que nos permita, desde un inicio, combatir la corrupción.
Acá quiero destacar como un camino la propuesta constitucional que se plebiscita el 17 de diciembre. En sus artículos número 8 propone la creación de una Agencia Nacional Contra la Corrupción, de manera preventiva y de coordinación entre las distintas organizaciones, para combatir la corrupción. Precisamente los distintos organismos como fiscalía, y otros del Estado, han hecho el llamado antes de que necesitan mayor coordinación para avanzar en actos de este tipo. En el artículo número 20, se propone la muerte cívica, pérdida de la ciudadanía, para quienes cometan actos de corrupción. Para eso también es importante avanzar en una modernización del estado, donde constitucionalmente en el artículo 111 se propone un Estado sin Pitutos, para que la “democracia no sea más viva”. Y respecto a la justicia, existe un capítulo especial para que no se nombre en cargos claves y auxiliares a familiares de los políticos.
Ni la actual carta, ni el fallido proyecto de los convencionales, avanza en medidas para empezar a dar combate a los actos contra la probidad. Hoy lo que se propone es mejor. Si la clase política no avanza, hay que hacerlo desde este espacio.