Cumplimos
más de 40 días desde el 3 de marzo que fue cuando se conoció el primer
contagio por Coronavirus (COVID 19) en el país y múltiples han sido las
medidas adoptadas por la actual administración. Existen numerosas dudas
respecto del por qué las llamadas cuarentenas parciales, voluntarias u
obligatorias; la suspensión de las clases y su reapertura; el cierre del
comercio y su reactivación; la circular que obliga a los empleados
fiscales a volver a sus oficinas; y la implementación de leyes
recientemente aprobadas. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel,
asegura que “las prioridades que han marcado la gestión ha sido lo
sanitario (aumentar la capacidad de testeo, asegurar el confinamiento
social y asegurar la capacidad hospitalaria) y lo económico social (una
docena de leyes tramitadas) También quiero valorar dos instancias: la
mesa social y el consejo asesor de expertos”. Y en materia de medidas
impulsadas por Hacienda se recalca que “cuando se anunció el primer plan
económico de 5 puntos del PIB, fondos que no eran nuevos sino
reorientados, buscábamos solventar en algo la crisis que no tiene
solución tradicional. Quiero destacar la tramitación de la ley de
protección al empleo”, describió hace unos días el ministro de Hacienda,
Ignacio Briones, recordando que “la economía es una ciencia social. Nos
anima el bienestar de los chilenos, es importante no hacer en la
dicotomía entre salud y economía”. Si hay algo que se debe destacar es
la tramitación de proyectos en el Congreso. Hoy los proyectos se
tramitan en tres semanas máximo, lo que antes se hacía en 2 años. Pero
el ciudadano de a pie está confundido. Porque no se transparenta la
información detrás de las decisiones y la nueva política de “una nueva
normalidad”. El manejo sanitario al parecer ha sido el apropiado, por
ello desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) hablan bien de
Chile, pero se debe aclarar a la comunidad qué es lo que se quiere.