Nunca Magallanes había experimentado las dificultades económicas y sociales que atormentan el presente de este difícil 2020. La cifra de desempleo que ya roza los 20 mil magallánicos tiene aristas que afectarán a toda la población. Por eso causa mucha preocupación que la extensión de la Ley de Protección del Empleo no asegure el éxito de sus objetivos. Han salido ya muchas voces a advertir que su aplicación debe ser solicitada por las empresas. Y aquí reside uno de los riesgos mayores. La postergación de un esfuerzo normalizador y las incertidumbres sobre el vigor de la recuperación económica hacen que crecientemente las empresas se cuestionen la posibilidad de volver a la normalidad con los mismos trabajadores. Eso no será posible. En Magallanes ¡imposible! Incluso, hemos visto en los últimos días cómo se ha debido despedir a mucha gente que llevaba muchos años en empresas porque las condiciones de una supuesta recuperación planteada para los próximos tres años tampoco arrojará números azules. Por eso, no es descartable que la opción planteada por la modificación legal encuentre menos eco del esperado en el sector privado, considerando las dificultades económicas que se visualizan. Los planes de financiamiento en condiciones favorables, junto con los programas de protección del empleo, han facilitado el ajuste temporal de numerosas empresas. Sin embargo, ninguno de estos planes podrá sostenerlas sin una normalización pronta de los flujos de venta. Por ello, la viabilidad de las empresas y la rápida recuperación de la economía descansan mucho más en la posibilidad de retomar actividades que en la (igualmente necesaria) profundización de planes de financiamiento o de protección del empleo.