Hoy,
en un mundo enfrentado a la amenaza de la crisis climática, el rol del
Estado ya no puede limitarse al aseguramiento del bienestar de las
personas, sino que además debe incluir la protección de la naturaleza y
del medio ambiente. Hoy las instituciones estatales deben satisfacer
también este interés público.
Como
respuesta a este nuevo desafío, la institucionalidad ambiental de
nuestro país ha crecido y se ha fortalecido en las últimas décadas. Pero
sabemos que no es suficiente. Año tras año la ciencia, los movimientos
ambientalistas y la comunidad internacional nos alertan que el tiempo se
nos está acabando, que requerimos disminuir drásticamente nuestras
emisiones y que el calentamiento global avanza exponencialmente (el
último reporte del IPCC es categórico).
Es
por ello que es urgente que como país requerimos adoptar decisiones
pronto. En esto la Convención Constitucional tiene mucho que decir.
Probablemente la nueva Constitución avance en el reconocimiento de
derechos de la naturaleza y la inclusión de principios como la justicia
ambiental o el reconocimiento del agua, el suelo, los minerales y el
espacio marino y costero como bienes comunes, cuyo destino se defina en
función del bien colectivo, y no en función de intereses privados.
Pero
aun cuando logremos avanzar en una mejor institucionalidad
medioambiental, existe siempre el riesgo de que las autoridades adopten
decisiones, u omitan adoptarlas, poniendo sus intereses privados por
delante. La información a la que hemos accedido esta última semana nos
confirma estos temores, ya que nos permite justificadamente dudar si el
avance del Proyecto Dominga responde realmente a una evaluación
socioambiental adecuada, o si existen intereses privados por delante.
Estamos
acostumbrados a ver corrupción solo donde fondos públicos son usados
para beneficio privado. Sin embargo, la corrupción es mucho más amplia e
implica cualquier uso del poder estatal para fines particulares. No
podemos permitir que la corrupción e intereses mezquinos pongan en
riesgo el medio ambiente y las generaciones futuras. Los problemas
complejos no tienen soluciones mágicas, pero sin duda ayudaría avanzar
en la despolitización de las decisiones ambientales y ampliar los
espacios de participación ciudadana, se hace urgente suscribir por tanto
el Tratado de Escazú. Tarea para el futuro Gobierno y Congreso.