El
pasado marzo el Gobierno del Presidente Gabriel Boric llegó a La Moneda
no solo con un nivel de aprobación histórico, lo que políticamente
siempre es bueno, sino que también con una expectativa ciudadana pocas
veces vista. Su llegada simboliza un proceso de transformación el cual,
como era esperarse, tiene el imperativo categórico de estar a la altura
de las nuevas demandas y del nuevo Chile. Y en un escenario como este,
la problemática medioambiental no podía estar ausente. Por ello, una de
las primeras gestiones llevadas a cabo por este Gobierno fue la firma
del Tratado Internacional de Escazú, siendo Chile uno de sus promotores
originales. Pero, ¿en qué consiste dicho tratado? En términos generales
este documento le garantiza al mundo medioambiental tres cosas.
Primero, el acceso a la información medioambiental, lo que quiere decir
que cualquier ciudadano puede solicitar a la autoridad la información
sobre futuros proyectos que podrían afectar al medioambiente; en otras
palabras, sacar a la luz lo que muchas veces se hizo entre cuatro
paredes. En segundo lugar, la participación ciudadana, esto se traduce
en el hecho de que la toma de decisiones sobre la puesta en marcha de
proyectos que impliquen un impacto medioambiental tiene que
necesariamente pasar por la aprobación de la ciudadanía. Y finalmente,
en tercer lugar, el acceso a la justicia; esto facilita los procesos de
investigación sobre actos delictuales que afecten la vida o integridad
de quienes cuidan el medio ambiente, lo cual no es menor si consideramos
que vivimos en un continente donde, según la ONG Wobal Witness, solo en
el año 2020, más de 160 medioambientalistas perdieron la vida por la
defensa de una causa. Pero Escazú es mucho más que eso. Si consideramos
que los valores que promueve se relacionan directamente con la
participación, la verdad y la justicia, Escazú es una herramienta que
fortalece de forma comprometida la democracia. Ahora bien, también
resulta natural comprender que una política de esta magnitud y
trascendencia genere dudas y detractores, entre quienes estimen que
una mayor preocupación por el medio ambiente podría significar un freno
al crecimiento económico del país. Por ello el concepto de ‘transición
socio-ecológica justa’, con el que quiere trabajar el Gobierno del
Presidente Gabriel Boric. Esta transición significa pasar desde el punto
actual, donde somos vulnerables al cambio climático, hacia un punto de
llegada en donde aspiramos a ser una sociedad sustentable y equitativa.
Este camino lo iremos desarrollando en conjunto, desde los territorios,
con una alta participación de la ciudadanía. No es una imposición, sino
que una construcción conjunta sobre cómo
podemos alcanzar el camino trazado. Con la reciente entrada en vigencia
de la Ley Marco de Cambio Climático tendremos una gran posibilidad de
avanzar en la transición socio-ecológica justa con una mirada local,
desde los territorios, donde se construyan las acciones y medidas
necesarias para mitigar y adaptarnos al cambio climático, proceso que
impulsarán cambios en las formas que producimos y consumimos, siendo una
oportunidad de bienestar para los habitantes de las regiones,
especialmente los más vulnerables. La nueva ley incorpora una estrategia
financiera de cambio climático que permita impulsar y promover el
diseño y desarrollo de instrumentos y soluciones financieras, que les
permitan a los sectores productivos, industriales y de servicios de la
economía chilena, junto a la ciudadanía en su conjunto, capturar las
oportunidades de inversión derivadas de una transición competitiva y
sustentable. Sabemos que será un desafío compatibilizar cuidado de medio
ambiente y desarrollo económico, pero la ciudadanía debe saber que si
queremos convertirnos en un país desarrollado, debemos dejar de ser una
alternativa para que las empresas internacionales dejen de invertir en
nuestro país con proyectos alejados de una legislación ambiental que
cuida de sus recursos naturales.