En
los próximos días el proyecto Pro Consumidor comenzará el que podría
ser su último trámite constitucional antes de convertirse en ley. La
iniciativa que fue impulsada por el Ejecutivo contiene una serie de
disposiciones en distintos ámbitos pensados bajo la lógica de favorecer a
los consumidores y evitar asimetrías de mercado que los perjudiquen.
El
proyecto avanza en aumentar las garantías de los bienes durables,
fortalecer el derecho a retracto -en especial en las compras online-,
regular la venta de pasajes aéreos, facilitar el término de contratos de
adhesión y la disposición de recetas médicas en línea, entre otros
aspectos, todos los cuales son beneficiosos para los consumidores y no
conllevan efectos económicos perjudiciales en los mercados.
Sin
embargo, una indicación impulsada por un par de parlamentarios de
oposición que prohíbe los descuentos asociados a los medios de pago está
causando enorme controversia por los efectos nocivos que puede tener.
La indicación fue rechazada en dos ocasiones en las comisiones de Economía
de la Cámara y el Senado, y una tercera vez en un debate previo en otro
proyecto de ley. A pesar del informe en contra de las instancias
técnicas, al que se sumó la opinión de diversos expertos en derecho de
consumo, la indicación fue repuesta a última hora en el debate en la
sala del Senado, logrando ser aprobado por tan solo 13 votos favorables.
Más
allá de los posibles efectos relacionados con la libre competencia, es
importante analizar esta indicación a la luz de sus impactos sobre los
propios consumidores. En su redacción final, el proyecto en la práctica
prohibirá cualquier descuento asociado a un medio de pago, independiente
de si este se realiza con tarjeta de crédito, débito o prepago. Esta
prohibición -que según un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional
no tiene paralelo en otro país-, intenta además inhibir las decisiones
que libre y voluntariamente toman los consumidores al escoger qué medio
de pago utilizar
con los beneficios y/o costos asociados. El sesgo contra el sector
financiero que manifiestan algunos parlamentarios condena a cientos de
miles de personas a la exclusión del mercado formal del crédito y al
peligroso mundo de prestamistas informales.
Los
efectos de esta indicación -que logra empañar al resto del proyecto-
terminarán perjudicando a los propios consumidores. En el corto plazo, y
dada su confusa redacción, los efectos de esta iniciativa podrían
alcanzar a todos los emisores -incluyendo bancarios y no bancarios-, los
que se verían forzados por ley a limitar los beneficios que entregan a
las personas por el uso de sus medios de pago. Pero en el largo plazo,
el proyecto terminará por encarecer los servicios financieros y
concentrar aún más la oferta, todo lo cual va en contra de ampliar la
inclusión financiera y mejorar la calidad de vida de las personas.
LA TERCERA