Chile
se encuentra en una etapa transformadora para la educación pública. La
implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP),
establecida bajo la Ley N° 21.040, ha sido un paso audaz para superar
las limitaciones del antiguo sistema de administración municipal. Este
cambio estructural, aunque complejo, está mostrando resultados que
refuerzan nuestro compromiso con una educación pública de calidad.
Me
detengo en los datos que presentó la Agencia de Calidad de la Educación
la semana pasada y que confirman el impacto positivo de esta reforma.
Desde 2018, los SLEP han demostrado mejoras significativas en los
resultados de aprendizaje. Según el estudio, los puntajes Simce en
Lectura y Matemáticas, tanto en 4° básico como en II medio, han
registrado aumentos sustanciales en los establecimientos gestionados por
los SLEP, particularmente en 2023. Por ejemplo, los puntajes de
Matemáticas en II medio crecieron en promedio 6,36 puntos entre 2022 y
2023.
Además,
la brecha entre los establecimientos de SLEP y aquellos bajo
administración municipal o particular subvencionada se ha reducido. En
2023, los resultados muestran que, en términos de nivel socioeconómico,
los establecimientos SLEP ya no presentan diferencias significativas con
los de otras dependencias. Esta convergencia en los resultados es un
claro indicador del éxito de los SLEP en crear un entorno más equitativo
para el aprendizaje.
Un
aspecto clave para enfrentar estos desafíos ha sido la creación de
redes de colaboración entre los SLEP, que permiten compartir buenas
prácticas y generar sinergias entre las distintas comunidades
educativas. Estas redes no solo fortalecen la cohesión entre las
escuelas, sino que también promueven la innovación y el aprendizaje
mutuo, optimizando los recursos disponibles y generando soluciones
compartidas.
Sin
embargo, no podemos perder de vista los desafíos que aún enfrentamos.
El proceso de instalación de los SLEP ha revelado dificultades en la
gestión administrativa y financiera, como la sobredotación de personal y
la limitada flexibilidad presupuestaria, lo que ha dificultado la
asignación de recursos de manera eficiente y ha afectado la capacidad
para concentrarse plenamente en lo pedagógico. Además, las demandas de
gestión financiera y la necesidad de armonizar indicadores y roles
institucionales han generado una sobrecarga que requiere una mayor
coordinación entre los actores involucrados en el sistema educativo.
Sabemos
que queda mucho por hacer. La educación pública en Chile es un pilar
fundamental para construir un futuro más justo y equitativo, y debemos
seguir reforzando este sistema para asegurar que cada estudiante tenga
las mismas oportunidades de éxito. Los datos y las evidencias nos
indican que vamos por buen camino, pero también nos recuerdan que
debemos mantener una postura crítica y flexible para adaptarnos a las
necesidades cambiantes del quehacer cotidiano.
En
este contexto, invitamos a todas y todos a continuar trabajando en
conjunto, lado a lado para superar los obstáculos y consolidar
los logros. Nuestro objetivo no es simplemente mejorar los números,
sino garantizar que la educación pública se convierta en un motor de
cambio social, capaz de ofrecer una enseñanza de calidad a todas y todos
sus estudiantes, sin importar su contexto.