La semana pasada el Presidente Gabriel Boric
con mucha vehemencia, al responder una pregunta de seguridad, terminó
rematando con una frase que generó aplausos, pifias y, por sobre todo,
un gran desconcierto, dependiendo del receptor. En relación a las
personas extranjeras que están en situación irregular en el país señaló:
“O regularizan o se van”. Yo me sumo a aquellos que dicha frase generó un mar de dudas. No sé
si fue producto de las convicciones, un cambio de parecer, un
histrionismo para distraer el momento o simplemente algo improvisado,
pero la frase en cuestión abre un espacio para el análisis y tratar de
entender, si es que se puede, cuál será el accionar del Gobierno
ante la crisis migratoria que vive principalmente el norte de Chile. (A
propósito: no hubo ningún anuncio concreto en materia de migración en
la gira al norte, excepto que se aplicará la Ley de Migraciones de
Piñera, para expulsar a los ciudadanos extranjeros que agredieron a carabineros).
Latinoamérica sufre una fuerte crisis migratoria, la cual se incrementó durante la pandemia. Familias
con niños arrancan del hambre, las necesidades, la persecución, la
violencia y el miedo, arriesgando su salud y su vida, deambulando miles
de kilómetros para buscar un sitio seguro. En la última década
Chile ha aumentado progresivamente el número de migrantes,
especialmente los últimos años, llegando a sumar alrededor de 1,5
millones. Sin embargo, el número de migrantes irregulares es
indeterminado, aunque solo
las denuncias superan las 130 mil. Dos vías causan la condición de
irregular, el vencimiento de las visas (sin renovación) y el ingreso al
país por pasos no habilitados, motivados principalmente por las mejores
condiciones de Chile en la región y la posibilidad concreta de acceso a
trabajo informal.
El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece
que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su
residencia en el territorio del Estado de su preferencia. Pero eso
requiere una correcta regulación y una política clara del Estado que hoy
Chile no tiene. Las palabras del Presidente
creo que quieren apuntar en este sentido, pero sin un contexto, sin
anuncios concretos asociados, generan una sensación de contradicción con
las promesas del Boric diputado y candidato.
Mezclar
el tema de la migración irregular con seguridad es un error porque
estigmatiza relacionando con delincuencia a las personas migrantes,
cuando la mayoría de ellas son familias que huyen de una crisis
humanitaria. Es necesario ante esto la aclaración del Gobierno para
ratificar nuestro compromiso con una política migratoria basada en el
enfoque de derechos humanos, especialmente garantizando el interés
superior de los menores de edad.
Sin duda, el Presidente
quiso referirse a aquellos migrantes que de plano vienen con otras
intenciones a Chile y que hoy generan delincuencia y un clima de
violencia en muchas comunidades y ciudades. Pero hasta ellos requieren
un trato justo y,
de tener hijos, especialmente nacidos en Chile, la expulsión no es
aplicable. Por tanto, debe tenerse claro bajo qué condiciones o
circunstancias se aplicará la política rigurosa propuesta por el Presidente.
Más
allá de la grandilocuencia es indispensable dar detalles de cómo se
pretende solucionar el problema de la migración irregular ofreciendo
alternativas y facilidades a las personas que están en esta condición.
Sin trámites expeditos, sin incentivos, con la experiencia de
expulsiones masivas de Piñera, muchas personas omiten el trámite por
miedo o porque en la práctica no lo requieren para trabajar
informalmente en Chile. Es indispensable explicitar la propuesta para
dar solución a un problema complejo, porque son personas, familias y
niños, porque involucra definiciones ideológicas, porque se comprometió
hacerlo en el primer año de gestión.