Hace
pocos días, y gracias a los votos de los 41 senadores, la Cámara Alta
dio el vamos a la idea de legislar el proyecto de modernizar la
normativa sobre migración y extranjería.
La
nueva Ley de Migración busca reemplazar la actual Ley de Extranjería y a
su vez dar respuesta a los múltiples cambios que experimentamos como
sociedad en materia de migración. Esto porque en el transcurso de los
últimos años nuestro país ha sido testigo del aumento exponencial de
extranjeros que ven en Chile la posibilidad de un futuro mejor. Así, se
calcula que en la actualidad existen alrededor de 300 mil extranjeros
indocumentados dentro de nuestras fronteras, lo que supone una
preocupante realidad social, ya que normalmente esta situación va
asociada a la precariedad habitacional, abusos laborales y un incremento
de la trata de personas. En esa línea es absolutamente necesario la
modificación a nuestra legislación migratoria, no solo porque esta es
antiquísima -data de 1975- sino porque tampoco recoge los principios, la
institucionalidad, ni la flexibilidad necesaria para resguardar
debidamente los intereses de nuestro país ni los derechos de los
migrantes.
Es
de toda necesidad poder garantizar una legislación moderna que
equilibre el legítimo derecho del Estado y de sus ciudadanos de normar
la forma en que los extranjeros ingresan y permanecen en Chile. Porque
bajo el derecho internacional y los derechos humanos, las personas
efectivamente tienen derecho a salir de sus países si así lo estiman,
pero no tienen derecho a ingresar o quedarse en otro país si no están
autorizados.
Ante
esto, se deben agotar los recursos por entregar seguridad y orden en la
gestión de la migración, y reducir a su mínima expresión los intentos
por utilizar rutas migratorias peligrosas e ilegales.
La
discusión de esta nueva ley ha contemplado hasta el momento temas como
el cambio de categoría migratoria una vez que se está dentro del país;
los alcances del principio de la no devolución; mecanismo e
institucionalidad para la convalidación de títulos y medidas para la
inclusión de trabajadores migrantes. El objetivo es que, con esta ley,
Chile reconozca el beneficio que tiene la migración internacional para
nuestro país, pues si bien los grandes movimientos migratorios conllevan
costos de ajustes sustanciales, también tienen un impacto social,
económico y cultural positivo. Urge una ley que reconozca en la práctica
y no solo en el papel, la igualdad de los extranjeros ante la ley, la
plenitud de sus derechos laborales y el acceso a la salud y la educación
parvularia, básica y media, al igual que a todos los nacionales. En
cuanto a deberes, es imperativo que los inmigrantes, al igual que
cualquier chileno, cumplan y respeten nuestra legislación, y de lo
contrario, garantizarles un debido proceso.
Solo
así Chile podrá seguir siendo un país abierto y acogedor, un país de
gente diversa pero fuertemente unida que con el esfuerzo de todos
alcanzará el desarrollo integral.