Este año
se cumplen 25 años de la alianza público-privada de la industria
sanitaria y 35 años de la puesta en marcha de la política pública que
dio origen al actual modelo sanitario en Chile. Su inicio fue el año
1990 conformada por operadores regionales mediante sociedades anónimas
estatales (CORFO), que a finales de la década de los noventa (1999) se
transfirieron a operadores privados mediante dos formas, a) El Estado
transfiere y vende la propiedad de la empresa estatal y b) El Estado
transfiere transitoriamente el Derecho de Explotación de las
concesiones sanitarias por 30 años pero no la propiedad.
El
objetivo era tratar la totalidad de las aguas servidas del país, los
resultados se vieron en 2014, donde los principales indicadores
operacionales y financieros muestran la solidez de estos servicios,
cuentan con coberturas urbanas en agua potable y saneamiento de las
aguas servidas cercanas al 100% a nivel de país. A esto se suma un
sistema tarifario estable, que permite el autofinanciamiento de las
operaciones e inversiones sin aportes del Estado, además cuenta con un
subsidio tarifario para familias vulnerables que cubre un 12,4% de los
clientes totales.
Las
inversiones realizadas por las empresas entre el 2002 al 2022 llegan a
US$ 9.000 millones que han permitido, en el mismo período, incorporar la
expansión de 2,5 millones de nuevos clientes (8 millones de personas) y
hasta el momento, enfrentar a lo menos la escasez hídrica más
importante.
En
resumen, no hay duda de los beneficios de esta política pública de
alianza pública-privada, sin embargo, la última palabra está en la
comunidad. Según las encuestas anuales de la SISS muestran, en general,
un incremento de la satisfacción del cliente del 50% al 57% (2018 al
2022), estas cifras son mayores a compañías de internet y de
comunicaciones
La escasez hídrica ha puesto a prueba al modelo y su marco normativo, tensionándolo por el riesgo de perder la calidad y continuidad
en el abastecimiento del servicio a la comunidad, que a la fecha casi
no ha tenido cortes significativos, a pesar de los eventos extremos como
la sequía
Después
de 35 años del marco normativo sanitario, requiere de algunos ajustes
para adaptarlo al nuevo escenario hídrico y a los cambios ambientales,
tecnológicos, sociales y económicos que han ocurrido. Las empresas y la
Superintendencia, deben contar con mayor liderazgo y protagonismo para
producir los cambios, haciendo propuestas con visión de futuro. Existen
varios proyectos de ley en el parlamento donde las empresas y la
superintendencia no han sido los protagonistas. Esto se refleja en una
serie de temas pendientes sin resolver como el reutilizamiento de las
aguas tratadas, pérdidas de agua, desalación, reposición de
infraestructura, modernización de la empresa modelo incorporando
tecnología, IA y otros
Lo
que no es sostenible son los niveles de pérdidas de agua, aun cuando
tengan justificación económica o tarifaria. También es necesario definir
temas que llevan mucho tiempo sin resolver: el marco normativo debe
asumir los cambios de contexto.