Cuando
que el llamado a pronunciarse sobre el texto de otra Constitución
parece ya inevitable porque las fuerzas políticas representadas en el
Congreso Nacional así lo están decidiendo, asoma como propuesta de los
partidos de izquierda que apoyan al gobierno que la redacción del
proyecto de nueva Constitución sea encargado a un órgano compuesto de
miembros ciento por ciento elegidos por votación popular, más escaños
reservados para pueblos indígenas y más paridad. Ya sabemos que esta es
la misma fórmula que fracasó estrepitosamente el 4 de septiembre recién pasado y que sin embargo, algunos quieren volver a repetir. Entre esos algunos está –como no podía estarlo–
el Gobierno mismo que desea repetir un nuevo proceso constitucional con
las mismas características del anterior. La pregunta llega de manera
inevitable: por qué se quiere repetir un proceso de características muy
similares al anterior, ese que dio como fruto un texto sectario y
excluyente, que le hablaba sólo a las barras bravas de los
convencionales y no al país en su conjunto. Cuesta entender prima facie
la razón de esta sinrazón.
A
esta fórmula mortalmente parecida a la anterior, parte de la oposición
se ha sumado a esta iniciativa o no ha explicitado lo suficiente su
oposición a repetir lo que ya naufragó. Estamos asistiendo al avance
lento y al parecer seguro, de elegir convencionales de manera similar
sin considerar que ese ensayo no resultó. Y si un ensayo no funciona no
existe motivo plausible para volver a repetirlo. ¿Cuál es o son los
motivos para someter al país a esta misma experiencia? Se argumenta
sobre la base de razones democráticas, diciendo que la única manera de
confeccionar otra Constitución es que los redactores sean electos en su
totalidad por la ciudadanía. Sin embargo ¿será esta razón totalmente
cierta? ¿existirá una modalidad distinta e igualmente democrática de
redactar un nuevo texto constitucional? Por otro lado ¿garantiza que se
confeccione una buena Constitución el que los redactores sean ciento por
ciento electos por la ciudadanía? A la luz de lo ocurrido con la
Convencional Constitucional que sesionó durante un año completo, hoy
sabemos que una convención así elegida no garantiza tener una
constitución que represente a la gran mayoría de los chilenos y que por
lo mismo, ayude a apaciguar los ánimos y baje la crispación política que
venimos sufriendo especialmente desde que entraron en escena quienes
actualmente detentan el poder político.
La
teoría y práctica política y constitucional nos dice que el Congreso
Nacional detenta desde siempre el poder constituyente derivado, es
decir, como representantes del pueblo y de la nación están facultados
jurídica y políticamente para modificar la Constitución vigente o
redactar una completamente nueva. Asistimos a un verdadero complejo de
parte de muchos congresistas que temen asumir en plenitud sus facultades
y redactar o corredactar un nuevo texto constitucional, lo que es
especialmente grave porque da como señal al país que no tienen la
capacidad para acometer grandes reformas lo que en el futuro puede
comprometer la posibilidad de guiarle políticamente ante grandes o
graves dificultades.
Repetir
de manera casi idéntica el proceso anterior aun cuando se establezcan
bordes, puede tentar casi de manera justificada que los convencionales
así electos argumenten que su poder es superior al de cualquier otro
órgano, por lo que en cumplimiento de su mandato no estarán constreñidos
por bordes, límites o principios anteriores a su mandato.