Puestos
a designar a un grupo de personas que debían redactar una nueva
Constitución para Chile, una mayoría circunstancial con grandes dosis de
rabia al votar decidió elegir a un grupo mayoritariamente de un sector,
que insuflados con ese triunfo electoral decidieron hacer una
Constitución a su pinta y gusto, dejando absolutamente afuera a sus
contradictores minoritarios. Esto, que pasó en el primer proceso
constitucional, increíblemente pasó también en el segundo. Sin embargo,
una vez creados los respectivos monstruos, la misma ciudadanía reparó en
el desvarío cometido y rechazó sucesivamente las dos propuestas
constitucionales partisanas. Cuando realizas un giro en 360 grados, las
matemáticas nos enseñan que quedas en el mismo punto inicial. Es por
ello que una primera conclusión de todo este largo proceso
constitucional, es que la ciudadanía ha demostrado tener mucha mayor
lucidez que la clase política respecto de la manera de decidir el
futuro. Cambios si, refundaciones no.
¿Ha
sido todo esto entonces una gran pérdida de tiempo y dinero? No
necesariamente. El proceso tuvo la gran virtud de canalizar una grave
crisis del sistema democrático que amenazó –incluso- con interrumpir el
periodo presidencial anterior hace algunos años. Como sea, el proceso
constitucional cambiante fue la manera de enfriar un estallido social
que amenazaba con llevarse todas las instituciones a su paso. Se reclama
que el proceso costó varias decenas de millones de dólares, suma
relevante pero -puesta en contexto- es una cifra sensiblemente menor
que, por ejemplo, la que el país ha perdido por corrupción o fraudes.
Sólo una idea: con el dinero del megafraude del caso “Tributos” se
habrían financiado varios procesos constitucionales.
El desafío para el futuro inmediato –entonces- es abocarse a los graves problemas que aquejan al país: delitos violentos
en niveles inaceptables, economía con índices muy bajos de actividad,
crisis estructurales en materia de educación, salud y previsión y
persistentes actos de corrupción desde el mundo público y escándalos de
fraude en el mundo privado.
Por
supuesto, es el gobierno el que debe tener el liderazgo en la mayoría
de estos temas. Pero la oposición tiene un rol irremplazable para poder
alcanzar acuerdos relevantes,
ya que todos los problemas que hemos enumerado exigen reformas en el
Congreso. La tentación de la oposición será alta para negarle “sal y
agua” al gobierno, probablemente dándole la misma receta que éste
utilizó en el pasado.
Pero
el riesgo de esta política lo conocemos mirando al otro lado de los
Andes, con el triunfo de un outsider improbable como Milei. La ciudadanía
no tolerará más cachetadas de payaso entre partidos con escasísimos
niveles de representación y credibilidad y fácilmente le entregará sus
votos a quien ofrezca terminar con ”la casta”. Es
pues, inevitablemente a mi juicio la hora de los acuerdos, el diálogo y
las transacciones. Veremos si la política está a la altura.