El
diagnóstico está claro: diciembre del año pasado reportó 184 municipios
declarados con falta extrema de agua, concentrando al 47% de la
población. El escenario es desalentador.
Según
el último Informe Hídrico de la Dirección General de Aguas (DGA), la
falta de lluvia en grandes ciudades llega al 98% de déficit en
comparación a años normales, mientras pequeños poblados agrícolas se
acostumbran a vivir con racionamientos. Si no existe una política
global, dicen los expertos, Chile enfrentará graves conflictos los
próximos cinco años.
Chile
se está secando. Así lo anuncian las principales mediciones
hidrográficas, que grafican cómo la privación de agua se extiende por
todo el territorio. Actualmente, 184 comunas tienen decretos de escasez
hídrica, repartidas desde Atacama a Los Lagos, y 8 millones 250 mil
personas viven con racionamiento. 2021 cierra como uno de los años más
secos en la historia del país: registró un déficit de precipitaciones de
más de un 50%, una reducción en el agua de embalses, hoy llenos hasta
el 45% de su capacidad total de almacenamiento, o la significativa
disminución de los caudales en los principales ríos del país. Pero para
le élite de este país, ni las estadísticas respecto del tema son
suficientes para entender el problema, ya que para ellos esto “no es
problema”, lo que quedó demostrado una vez más en las decisiones de los
“honorables” de este país. La Comisión Mixta (honorables Senadores(as) y
Diputados(as)) creada para la tramitación de la reforma al Código de
Aguas se preocupó de crear un nuevo status para este bien: las “aguas
del minero” siempre que no pongan “en peligro la sustentabilidad de los
acuíferos”, condición inexistente hasta ahora. En lo principal,
aprobaron nuevas condiciones a las aguas que emerjan de faenas de
exploración y explotación minera, según establece el artículo 56 del
Código de Aguas, estableciendo que pueden ser utilizadas cuando “sean
necesarias para las faenas de explotación y sean informadas para su
registro”. Además, se determina que “el uso y goce de estas aguas no
podrá poner en peligro la sustentabilidad de los acuíferos en
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 bis, o los derechos de
terceros”, condición inexistente hasta ahora. Para verificar esta
situación la DGA tendrá 90 día desde que se le entreguen los
antecedentes. Además, se estableció que las exploraciones y
explotaciones que al momento de publicarse la ley tengan uso y goce de
“aguas halladas” deberán informar en un plazo de 150 días a la autoridad
los volúmenes extraídos y en caso de verificarse “una grave afectación
del acuífero a consecuencia de estos aprovechamientos, la DGA podrá
limitar fundadamente su uso teniendo en consideración la resolución de
calificación ambiental de haberla”.
En lo particular como ciudadano
esperaba un plan integrado de administración y tratamiento de cuencas,
una política pública que asegure ese vital bien para el ser humano, un
plan para resolver la situación actual y para proyectar un Chile sin
este tipo de problemas por los próximos 50 años, en fin…. Soluciones más
que arreglines para la élite de este país, pero se me olvida que los “honorables” trabajan para este élite.