Recientemente
en Buenos Aires y Uruguay, se ha rechazado el lenguaje inclusivo en los
establecimientos educacionales por estimar, que dificulta la
comprensión lectora de los estudiantes, lo mismo ha ocurrido en Francia,
y la propia Real Academia Española (RAE), ha expresado su rechazo ante
el uso de palabras aceptadas en el denominado lenguaje inclusivo o no
sexista. En Chile, la moda es aceptar todo aquello que mediáticamente
parece “progre”, utilizándose inclusive en documentos oficiales,
discursos y actos administrativos expresiones que resultan
incomprensibles para la gran mayoría de nuestro país, en que los
chilenos, aspiran a un lenguaje claro, comprensible, en textos
oficiales, actos administrativos, sentencias judiciales, las aulas o las
expresiones de los profesionales de la educación, autoridades y
funcionarios públicos.
Con
fecha 26 de enero de 2020, la Real Academia Española (RAE), a petición
de la Vicepresidenta del Gobierno, emite un Informe, sobre lenguaje
inclusivo y cuestiones conexas, en que se incluye entre otras materias,
la necesidad que la Constitución se adapte a los cambios sociales y
culturales, preservando la necesidad de un lenguaje claro. Sin embargo,
en dicho informe se destaca que “la Real Academia Española, como
institución arraigada en la cultura humanística, se declara totalmente
contraria a cualquier tipo de sexismo, ya sea de mujeres o de miembros
del colectivo LGTBI. Nuestra Institución -dice-, se halla en un proceso
de renovación, lenta pero irreversible, en el que la mujer asumirá
cuantitativa y cualitativamente un papel más relevante”. Con todo,
aclara, sobre sexismo lengua y sexismo de discurso, que “ “Uno de los
tópicos más extendidos en el ideario común es la consideración de que el
lenguaje es sexista. Sin embargo, este aserto, ya casi dogma, incurre
en la generalización acrítica de las medias verdades. Aplicada a la
lengua misma, es una acusación tan inconsistente como tildar de
ponzoñosa a una copa por el hecho de haber sido recipiente de un veneno o
de un barbitúrico”.
El
informe citado analiza el buen uso del lenguaje inclusivo en la
Constitución Española, examina de forma minuciosa el texto
constitucional. Toma como necesario punto de partida que la Constitución
es la norma superior que rige nuestra convivencia, regula la
organización del Estado y declara los derechos y deberes de los
ciudadanos. Su condición de norma fundamental en el ordenamiento
jurídico impone que el texto sea un modelo del uso común del español y
que, en su expresión, refleje adecuadamente la igualdad efectiva en
todos los ámbitos de la sociedad. El informe estima que el texto
constitucional utiliza un español correcto en términos normativos. Esta
valoración se hace considerando el uso mayoritario por los
hispanohablantes. Se concluye que el lenguaje utilizado en la
Constitución es claro e inteligible y que, no plantea problemas serios
de interpretación literal, sin que existan, razones gramaticales ni de
inteligibilidad semántica que obliguen a modificar la redacción.
Como
no todos somos compañeres, este es un aspecto que se debe analizar con
mayor minuciosidad en el proyecto de nueva constitución, sobretodo
cuando se reconoce como idioma oficial el “castellano” , en
circunstancias que lo propio en hispanoamérica es hablar de “español”.
Para
quienes somos modestos ciudadanos resulta al menos extraño que se hable
en el artículo 6º del texto, que “el Estado promueve una sociedad
donde mujeres, hombres , diversidades y disidencias sexuales y de género
participen en condiciones de igualdad”, en realidad resulta un exceso,
la igualdad y la participación son los valores relevantes, pero mezclar
esto con que tengan “representación efectiva como un principio y
condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y
la ciudadanía “, parece a todas luces un exceso, dado que la
diversidad, la disidencia sexual y de género no pueden parte del
curriculum, estimados compañeres.