La madrugada del 15 de noviembre de 2019 ya es parte de nuestra historia. En libros, páginas de diarios e internet quedará plasmado que ese día se gestó uno de los acuerdos más trascendentes desde el retorno a la democracia: tanto sectores de oposición como partidos del oficialismo sellaban un acuerdo para realizar, en abril del año 2020, un plebiscito referente a si las chilenas y chilenos quieren (o no) una Nueva Carta Fundamental. Vale decir, aquello que no se logró bajo el segundo mandato de Michelle Bachelet bien podría iniciar, concretamente, su camino bajo el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Irónico, o no, lo cierto es que finalmente se vislumbra un camino para una Constitución nacida en democracia, más allá de las reformas realizadas en el gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar.
Ahora bien, seamos claros: a esto se llegó no necesariamente por voluntad o interés, sino más bien como mecanismo de respuesta para intentar, colectivamente, zafar de la crisis social que ya cumplió un mes y ha tenido a todo el país con manifestaciones. Sin embargo, si bien loable el hito político, no necesariamente responde a una serie de urgencias sociales que aún están al debe y que, a luz de los hechos, pareciera que no tendrán pronta respuesta. ¿Por qué? Porque nuestra clase política ha dejado en evidencia que muchos “no se puede” resulta que “sí se podían”. ¿Qué pasó entremedio? Un estallido social de proporciones que cambió agendas, prioridades, presupuestos, hojas de ruta y prioridades, entre otros. Todo eso, qué duda cabe, acompañado de un sinnúmero de actos vandálicos, daños y destrozos con la consiguiente alteración del orden público y social.
El “Chile Despertó” también aplica para nuestros representantes quienes, contrario a sus prioridades, debieron ceder y comenzar a poner atención a la ciudadanía, a escucharla, a trabajar por buscar acuerdos y empezar a poner, de una buena vez, a las personas en el centro. Por lo tanto, pensar que el denominado acuerdo por la paz podría terminar las movilizaciones sería pecar de ingenuidad y, de paso, no entender lo que está en juego: me refiero a nuestra institucionalidad.
La fortaleza institucional depende de tres aspectos fundamentales: un buen diseño organizacional y normativo; actores políticos con voluntad y capacidades; y la construcción de sólidos vínculos de confianza con la ciudadanía. Sin estas condiciones cualquier esfuerzo se irá al tacho de la basura. De ahí en más que las instituciones requieren ser tanto robustas como influyentes, creíbles y representativas, orientadas a velar por el bienestar de los ciudadanos. Si éstas presentan rasgos de debilidad entonces mayor será la percepción pública de vulnerabilidad, generando incertezas varias cuyos costos, de sus malas decisiones o incapacidad de poner atención a las demandas sociales, terminan pagando el grueso de la sociedad en su conjunto.
Esta fragilidad, de paso, impide a los responsables del diseño y rediseño advertir las problemáticas tanto formales (normas) como informales (acuerdos y códigos de conducta). A modo de ejemplo basta con observar cómo se han enfrentado problemas de toda índole: corrupción, inseguridad, educación, salud, transporte, pensiones, abuso de poder, justicia, medioambiente, crecimiento económico – desempleo y distribución de la riqueza, entre otros.
Esta incapacidad, que pone en jaque nuestra institucionalidad, no necesariamente se explicita en encuestas u otros instrumentos: se evidencia en la calle, en las urgencias de las personas, entendiendo que la realidad que viven día a día no se puede tapar, aún cuando el discurso y las acciones apunten a generar una calma inexistente, una situación del tipo “no pasa nada”.
Apostar a esta estrategia puede dar resultados, pero siempre serán cortoplacistas porque en algún minuto la olla a presión, si no se apaga a tiempo, va a reventar producto de la presión.