Chile
ha iniciado el camino a establecer nuevas bases para su futuro a través
de la redacción de una nueva Constitución. De igual forma, la
Universidad de Magallanes inició hace seis años el proceso para un nuevo
Estatuto y poner fin a aquel impuesto en dictadura. Las comisiones de
redacción creadas por la UMAG desde su primera sesión acordaron que su
trabajo se basaría en los principios de democracia y participación,
reglamentando que en todo el proceso de formulación y aprobación de
nuevos estatutos operaría la triestamentalidad; es decir, la
participación de todos los miembros de la comunidad universitaria en las
distintas instancias de decisión que comprenda este proceso y posterior
aprobación. Asegurar la participación representativa y la democracia en
el proceso debería ser por tanto regla obligatoria.
A
poco andar en este desafío la Ley 21094 generó un marco referencial y
los plazos para la presentación de los nuevos estatutos para todas las
universidades estatales. De acuerdo a la ley, la UMAG debía entregar en
agosto de este año su propuesta, pero por las dificultades de la
pandemia se ha ampliado el plazo hasta mediados del año 2022.
En
el mes de diciembre de 2020 la comisión redactora del nuevo Estatuto
entregó la propuesta, luego de cuatro años de trabajo, y a partir de
ello las distintas instancias de gobierno
universitario iniciaron varios procesos de revisión, discusión y
modificación del texto. En tiempo acelerado se incorporaron un sinnúmero
de modificaciones que al menos en su forma podrían contradecir las
exigencias de participación representativa y democracia del proceso.
Así, se convocó a votar el nuevo Estatuto, con procesos poco
representativos de la comunidad, con modificaciones no sustentadas en la
participación, con textos híbridos con poca consistencia teórica en lo
general producto de las modificaciones, con desapego a la
triestamentalidad, sin un texto definitivo que permita votar de forma
informada (como debe ser un proceso democrático), sin exigir un quórum
mínimo por estamento.
A
solo 48 horas del referéndum se desconocía el texto definitivo que se
iba a votar, lo cual llevó a las asociaciones de funcionarios,
profesionales y académicos a hacer un llamado a suspender la elección o
votar en contra. Para sorpresa de muchos fue el rector y no el Tricel
quien faltando solo 36 horas suspendió y reagendó las elecciones,
violando todo marco regulatorio de una elección democrática. Es así que
el próximo 19 de julio la comunidad universitaria ha sido convocada
nuevamente a participar de un referéndum para aceptar o rechazar la
propuesta de nuevo Estatuto para la Universidad
de Magallanes. Sin embargo, aún son múltiples las dudas de
procedimiento, participación, visión y perspectivas de futuro que
generan cuestionamientos sobre la metodología y el documento en general.
Resulta
inentendible que, teniendo aun más de un año de plazo, la UMAG no se
tome un tiempo para garantizar un adecuado proceso, participativo y
democrático, que permita validar en el tiempo su nueva carta
fundamental. Un Chile que redacta una nueva Constitución observa su
universidad estatal. La UMAG tiene la obligación de ser un faro que
ilumine, un referente que eduque. Su nuevo Estatuto debe ser
obligatoriamente la visión y representación de toda su comunidad
universitaria y no la de unos pocos.