Hemos
sido testigos de uno de los cambios más sustantivos de estas recientes
reformas en materia de descentralización, la separación de funciones de
administración y gobierno en la región, quedando las primeras radicadas
en el Gobierno Regional, encabezado por el gobernador regional electo, y
las segundas, en los delegados presidenciales regionales y
provinciales, en los territorios regional y provincial, respectivamente.
Para iniciar este proceso, el miércoles 14 de julio asumieron los
primeros gobernadores regionales electos del país. Las 16 nuevas
autoridades permanecerán hasta el 6 de enero de 2025, con posibilidad de
ser reelectos por un segundo periodo. Los nuevos gobernadores
regionales tendrán en sus manos la tarea de impulsar el proceso de
descentralización, propiciando el desarrollo armónico y equilibrado de
todos los territorios. Para ello cuentan con diversas atribuciones en
materia presupuestaria, de planificación, administración, normativa y de
coordinación. Algunas de las competencias de los gobernadores
regionales son: administrar el presupuesto de la región, promulgar los
planes de ordenamiento territorial, y coordinar las tres nuevas
divisiones del GORE que se suman a las existentes (Fomento Productivo e
Industria, Desarrollo Social y Humano, e Infraestructura y Transporte).
Los gobernadores también serán los encargados de presidir los consejos
regionales correspondientes. Por otra parte, el presidente Sebastián
Piñera designó a los nuevos delegados presidenciales, que iniciaron sus
funciones el mismo día, en el marco de los cambios asociados a la Ley
21.074 de Fortalecimiento de la regionalización del País. Las funciones
de gobierno, como ya señalé, estarán a cargo de los delegados
presidenciales regionales y provinciales. El gobierno interior de cada
región reside en el delegado presidencial regional, quien será el
representante natural e inmediato del Presidente de la República en el
territorio de su jurisdicción. Será nombrado por este y se mantendrá en
sus funciones mientras cuente con su confianza. Los delegados tienen
dentro de sus principales tareas velar por el orden público, prevenir y
enfrentar emergencias o catástrofes, implementar medidas de prevención
de la delincuencia, coordinar y fiscalizar servicios públicos que
dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de
un ministerio, proponer ternas para seremis y sugerir su remoción, y
presidir el Consejo Regional de Seguridad Pública Interior, entre otras.
En cada provincia existirá una Delegación Presidencial Provincial, que
será un órgano territorialmente desconcentrado del delegado presidencial
regional. Estará a cargo de un delegado presidencial provincial, quien
será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República.
El delegado presidencial provincial tendrá todas las atribuciones que el
delegado presidencial regional le delegue y, además, las que la ley le
confiere directamente. Poco a poco iremos acostumbrándonos a esta nueva
institucionalidad, cuyo objetivo es tener una región más descentralizada
y con nuevas atribuciones, ya que, a contar del año 2022, una de las
reformas más significativas es la atribución del gobernador regional de
solicitar al Presidente de la República, previo acuerdo del Consejo
Regional, la transferencia de una o más competencias que hoy desarrollan
los ministerios y servicios públicos. De este modo, tareas en materia
de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y
desarrollo social y cultural, que hoy son ejecutadas por ministerios y
servicios públicos, podrán ser traspasadas a los gobiernos regionales.