El
11 de agosto del presente año, comenzó a regir la nueva ley de
insolvencia, que trae aparejada una serie de medidas que se traduce en
mejorar las ya vigentes, el problema es el desconocimiento palpable de
aquella ley por parte de las Pymes y emprendedores, a mi juicio existe
poca difusión por parte del ejecutivo y las entidades públicas
involucradas, desde su entrada en vigencia ya ha transcurrido
prácticamente un mes, sin que exista el espacio en los medios
informativos para su adecuada difusión, considerando especialmente los
tiempos “tóxicos” que se viven en el país políticamente hablando,
parafraseando la calificación realizada por la Presidenta Michelle
Bachelet; ahora bien, en palabras del Ministro de Economía, la
iniciativa tiene como fin facilitar los trámites de reorganización para
las personas y Pymes con problemas financieros.
Contempla,
entre otras cosas, reducir los costos y simplificar los trámites para
que las empresas puedan optar a una reorganización y evitar así la
liquidación o quiebra.
Según
las estimaciones de la Superintendencia de Insolvencia, casi 10 mil
Pymes que se han liquidado con la ley actual se podrían haber
reorganizado y no lo hicieron debido a los altos costos de la gestión, o
falta de educación financiera.
El
ministro Grau señaló que con esta nueva normativa se espera que se
pueda evitar la quiebra de los emprendimientos que son económicamente
viables y que, según comentó, significan una pérdida para el país.
Además,
la ley contempla un cambio para las personas, ya que según los datos
entregados por la Superintendencia de Insolvencia un 40% de las
solicitudes de liquidación correspondían a personas naturales que
emitían boletas de honorarios.
Al
ser estas personas consideradas dentro de la categoría de empresas,
quedaban excluidas de acceder a la renegociación de persona deudora, un
trámite gratuito, y debían optar a la reorganización.
A partir de la puesta en marcha de la ley, las personas naturales podrán optar a repactar sus deudas de forma más fácil, las
autoridades anunciaron que buscarán educar a las micro, pequeñas y
medianas empresas, que componen el 98,6% de las empresas del país, para
tener conocimiento de la ley y poder usarla a su favor, según consigna
Radio Biobío.
De
acuerdo con información difundida por la Superintendencia de
Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), a través de boletines
estadísticos, en lo que va del año -con cierre al mes de junio- 595
empresas y cientos de personas han sido declaradas en quiebra.
En
detalle, en el periodo enero-junio ingresaron un total de 2.071 casos
en los distintos procedimientos concursables: un 37,7% corresponden a la
Región Metropolitana (780) y un 62,3% a las otras regiones del país
(1.291).
En
los Procedimientos Concursales de Renegociación de la persona deudora,
se declararon 312 procedimientos admisibles. Con respecto a los
Procedimientos Concursales ingresados de liquidación de bienes de la
persona deudora alcanzaron a 1.142.
Por
otro lado, tratándose de las empresas deudoras, ingresaron 22
procedimientos concursales de Reorganización, sostuvo la Superir.
En
el caso de Liquidación de activos de la empresa deudora, los
procedimientos ingresados son 595, los cuales se distribuyen con un
46,1% en la Región Metropolitana y un 53,9% el resto de las regiones del
país.
En
Chile la Superir es un servicio público y autónomo. Ante una situación
de sobreendeudamiento, la Renegociación podría ser la alternativa más
conveniente para una persona o empresa: es un trámite gratuito, que no
requiere de un abogado y se puede realizar totalmente en línea.
Ahora
bien, considerando las graves dificultades que enfrentan varios
sectores de la economía regional, a propósito de la crisis económica que
atraviesa el sector desde hace larga data, el panorama económico no es
muy alentador para las festividades del 18 de septiembre.
No
es una conclusión fatalista, lo que sí, es necesario una mejor difusión
de las políticas públicas y puesta en marcha de las nuevas leyes, que
como lo han señalado las autoridades, que han pretendido mejorar los
índices de reactivación de la economía post crisis sanitaria y otros
factores externos que nos han afectado.
En
mi calidad de abogado, siempre recomendamos que ante el incumplimiento
de obligaciones crediticias, cualquiera sea el motivo que lo gatille, se
procure contar con asesoría jurídica oportuna y en lo posible
especializada, así hacer uso efectivo de las nuevas regulaciones en
materia de insolvencia.