Rechazamos 2 propuestas constitucionales, todos reconocen que quedamos igual, pero pocos se detienen a evaluar que significa eso. Son muchas las personas que creen que es necesaria una nueva Constitución y así lo ratifican todos los sondeos hace ya casi 5 años. Garantizar derechos, revitalizar instituciones, tener un sistema de seguro social, proteger el medio ambiente, asegurar la igualdad de géneros, son parte de las demandas que siguen estando pendientes, y que debemos abordar de forma urgente.
Lo primero que tenemos que reconocer es que seguimos con una constitución que nadie quiere, que está caducada por mandato popular. El 25 de octubre de 2020 la ciudadanía se pronunció y un 78% votó por reemplazar la actual Constitución y que sean los chilenos y chilenas quienes redacten el nuevo texto. En la práctica la soberanía popular expresada en las urnas ya caducó la Constitución del 80 y no ha existido ninguna otra consulta que la valide. La derecha es un intento desesperado y mezquino, con cierto grado de infantilismo, ha intentado levantar la tesis que los dos rechazos ratifican la constitución del 80, lo que por cierto en nada se relaciona con la realidad, ya que jamás ha sido consultada esa opción en los plebiscitos. Lo único concreto es que la ciudadanía ha rechazado dos propuestas de nueva constitución, y aún nos queda pendiente poder ofrecer una alternativa que reúna consenso y mayoría. Difícil tarea luego dos intentos fallidos y una población cansada de los procesos y agobiada por otros problemas de nuestra sociedad. Pero, por más agotamiento, no implica desconocer que tenemos una tarea pendiente.
La clase política, de uno y otro lado del espectro político, ha quedado una vez más desacreditada y distante de la voluntad popular y las grandes mayorías producto de las fallidas propuestas constitucionales. En ambas ocasiones las fuerzas políticas se arrogaron la representación y voluntad del pueblo de Chile y el resultado fue desastroso. Tal parece que ni uno ni otro lado tienen claridad de lo que realmente quiere la gente, al menos de la gran mayoría de coterráneos. Y aquello constituye el segundo pendiente en la evaluación del proceso constituyente. ¿Qué quiere la gente en la Nueva Constitución? Creo que la única forma de responder aquello es preguntándole a la gente. La modalidad de Cabildos, en el proceso constituyente de la presidenta Bachelet, nos permitió recabar las prioridades de las personas, comuna por comuna, región por región, desde las bases territoriales de nuestra ciudadanía. Probablemente un proceso similar podría evitar las apuestas identitarias y reunir los grandes temas que la gente quiere consagrar en un nuevo texto constitucional. Lo que está claro es que nunca más sin la gente podemos desarrollar un proceso de debate constitucional.
Queda pendiente nuestra constitución nacida en democracia. Nos farreamos esa posibilidad y con ello nos farreamos la posibilidad dar más y mejor democracia a nuestra sociedad. Chile requiere con urgencia revisar su sistema político, mejorando el rol y funciones de mandatarios e instituciones; requiere un sistema de seguridad social, que dé más garantías a la población; requiere una mirada moderna propia del siglo XXI, de sus avances sociales y sus requerimientos de futuro. Queda pendiente nuestra necesidad de hacernos cargos de las desigualdades y las injusticias. Queda pendiente nuestra apuesta por ser más humanos y procurar un rol más solidario. Queda pendiente reconocernos como iguales.
Seguramente la tarea quedará pendiente por un buen tiempo, aunque ello no implica que no sea urgente. Peligrosamente la dejaremos en espera. Como ya es costumbre, trataremos de dejarla bajo la alfombra, como si eso fuera una solución. Por mientras, es esperable que, en reconocimiento a los errores, las fuerzas políticas representadas en el Congreso avancen al menos en aquellas reformas que reúnen consenso ciudadano.